La decisión de los Tribunales de Justicia de declarar inadmisibles las demandas de un funcionario del actual Gobierno señalado como presunto responsable de conducta impropia en el manejo de su cargo honra al Poder Judicial y ofrece una esperanza a quienes luchan, activa o calladamente, por la consolidación de la democracia y la restauración de la honestidad.
En las semanas más recientes hemos recibido algunos señalamientos que a muchos hondureños nos llenan de vergüenza y nos obligan a preguntarnos sobre el futuro de nuestro país. Una de las más sonadas es la afirmación, hecha por Transparencia Internacional, en el sentido de que nuestra nación goza del bochornoso título de líder centroamericana en actos de corrupción.
El Gobierno hizo unos desmentidos vacilantes y nada convincentes, mandó a publicar una cantidad abrumadora de anuncios en los medios, publicitó el viaje del gobernante a Cuba para distraer la atención del problema verdadero y, a la postre, se cruzó de brazos.
No hemos oído decir que se hará una investigación exhaustiva para esclarecer esa tremenda acusación ni mucho menos que se identificarán los culpables y, en su momento, se les aplicará la ley en forma recta e impecable.
Desde el Congreso Nacional la voz de los diputados se alzó en defensa de los periodistas, ya que estamos llegando a una especie de mundo bizarro en el cual los acusados por actos de corrupción recurren a la ley para callar a los disidentes, y al parecer esa manifestación de solidaridad y respeto a la Constitución por parte de los diputados hizo que los personeros de los órganos jurisdiccionales recordaran que están allí para aplicar justicia, frenar los abusos del poder y garantizar los derechos civiles.
La libertad de prensa, expresión e información no es propiedad ni privilegio de los periodistas. Es un atributo inalienable, consignado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sustanciado en la Convención Internacional de Derechos Humanos, inscrito en todas las Constituciones del mundo civilizado y practicado celosamente en aquellos estados que viven al amparo del derecho, la justicia y la paz.
Al defender a los periodistas de la intimidación, del atropello, de la amenaza, de la coacción y de todo género de exceso oficial se está protegiendo a la sociedad, no a uno o varios profesionales dedicados al oficio de informar.
Hace muchos años, allá por 1964 y 1965, bajo un régimen militar de ingrata recordación dirigido por un hombre que protagonizó un infame acto de corrupción con una de las bananeras que durante casi un siglo dominó el país, visitamos las cárceles de Tegucigalpa y estuvimos allí, en total, casi un año.
Nuestro delito fue denunciar la autocracia del régimen de facto, el populismo castrense y la arrogancia militar, así como exigir día a día que los soldados volvieran a sus cuarteles y que el pueblo eligiera libremente a sus líderes.
Jamás creímos, en aquellos días negros, que en un gobierno del Partido Liberal se perseguiría a los periodistas. Por esta vez, la libertad de prensa ha prevalecido y la solidaridad no sólo interna sino internacional ha obligado a frenar un atropello inaceptable, autoritario y peligroso para la estabilidad de la nación.
Probablemente habrá otros eventos similares y tendremos que vivir de acuerdo a la frase de Churchill que muchos conocen: 'El precio de la libertad es la eterna vigilancia'.
