Lo que ha ocurrido recientemente en Azacualpa, departamento de Santa Bárbara, cuando un grupo de vecinos mató a una persona acusada de asesinar a una mujer, además de proclamar estado de sitio, revela el grado de impotencia ciudadana ante la creciente ola delictiva que experimentan diversas comunidades a lo largo y ancho del país, en los que la delincuencia rebasa y desafía la capacidad represiva de los cuerpos policiales, pese al estado de excepción vigente, que no ha dado los resultados esperados de ley y orden, de convivencia pacífica, de respeto a la autoridad.
En el departamento de Colón, diversos sectores presionan para que el Congreso Nacional derogue el decreto que ordenó el desarme de civiles en tal jurisdicción administrativa. Los peticionarios sostienen que el resultado ha sido la indefensión ante los ataques del crimen organizado.
Proliferan las armas de fuego en posesión de civiles, sin haberlas registrado, por ende, careciendo de portación autorizada; igualmente el uso de uniformes e insignias exclusivas de la Policía con el fin de encubrir hechos delictivos.
En barrios bajo control de las maras instalan cámaras de vigilancia para detectar el ingreso de agentes del orden, en tanto en los centros penitenciarios se introducen drogas, teléfonos celulares, y dinero, en ocasiones con la complicidad de las autoridades.
Aquí también ocurren ejecuciones de reclusos por sus propios compañeros de celda. La impunidad acompaña estos hechos.
Adicionalmente, las fuerzas del orden han sido infiltradas por malvivientes que advierten a sus compinches en el exterior con la debida antelación cuando se planifican redadas y controles, que resultan inefectivos. La depuración policial debe poseer carácter periódico y no esporádico, en tanto los servicios de contrainteligencia deben estar debidamente capacitados. El ojo por ojo y diente por diente no puede ser permitido ni condonado, ya que de hacerlo se desemboca en ingobernabilidad y zozobra, en el sálvese quien pueda.
La revisión de las actuales estrategias y políticas policiales deben ser objeto de autocrítica con el fin de evaluar su grado de efectividad. Si se concluye que dejaron de cumplir su cometido, deben ser reemplazadas a la brevedad para poder garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, haciendo realidad el lema de “servir y proteger”.
El compartir experiencias e intercambios con fuerzas policiales de países vecinos, que igualmente confrontan similares problemáticas, constituye un recíproco aprendizaje al compartir vivencias semejantes.
