Todo gobierno que inicia merece cien días para examinar, planificar y comenzar a concretar sus objetivos estratégicos para los cuatro años de mando que le ha confiado la sociedad. Nadie debe torpedear ni intentar paralizar sobre todo áreas que son vitales para salir del colapso derivado de la pandemia. Esas tomas de vías, quemas de llantas y protestas que ha debido enfrentar el nuevo Gobierno cuando apenas cumplía dos semanas en el poder, deberían ser movimientos aislados porque no abonan ni a la transición ni a los cambios que los funcionarios buscan ejecutar.
Las secretarías de Educación y Salud, las que más presiones han sufrido, han conseguido detener esas protestas —al menos por tres meses— con la emisión de contratos temporales a favor del personal que quedó en el limbo al concluir la pasada administración. En el caso de los trabajadores de Salud, han reclamado porque, desde marzo de 2020, han estado en primera línea atendiendo a víctimas del covid-19 sin garantía de estabilidad laboral.
Y ese es solo uno de varios temas urgentes en Salud, como la falta de presupuesto para dotar de oxígeno a los hospitales públicos del país, la continuación de la vacunación contra el coronavirus, el abastecimiento de los centros de salud y la auditoría en áreas vulnerables, todos asuntos que demandan soluciones sin tener que actuar de forma violenta, sino con confianza, tolerancia y paciencia. Mientras, en Educación, que tiene el desafío del retorno a las escuelas, también han logrado pausar las protestas de maestros que exigen plazas en varios municipios.
Y así como para estos dos ministerios, toda la estructura del Gobierno necesita los primeros cien días para planificar, resolver y salir adelante en los ejes de trabajo que ofreció la presidenta Xiomara Castro: reducir la pobreza, reactivación económica, deuda pública, recaudación fiscal, rescatar la Enee, lucha contra la corrupción y adecuar el presupuesto para absorber los subsidios que está considerando, como los derivados de las rebajas de los precios de los combustibles y de la factura de energía eléctrica.
Y lo más importante, tanto el Ejecutivo como el Legislativo necesitan del espacio para analizar las implicaciones de las leyes que se están proponiendo y derogando. No se deberían tomar decisiones bajo presión, sin contar con el tiempo suficiente para analizarlas. Funcionarios y diputados necesitan del sosiego para medir las consecuencias de sus actuaciones, porque todo está pasando demasiado rápido. Cabe aquí el sabio consejo: “Vísteme despacio que tengo prisa”.
