Lo menos que un inversor pide, en cualquier país del mundo, es que su dinero no corra más riesgo que el natural cuando se emprende un negocio. Pocos hay que no enfrenten un mínimo de riesgo tanto por el giro del negocio como porque las condiciones en las que se hace la inversión puede cambiar debido a situaciones ajenas a la previsión humana, como la llegada de un fenómeno natural o la aparición de una pandemia. Pero, por lo demás, todo empresario más o menos experimentado, valora los distintos escenarios y toma decisiones sobre todo a partir de datos, de información fidedigna. Y uno de los datos que, sin duda, toma en cuenta es el que tiene que ver con la legislación que asegure que el Estado pondrá los medios para proteger esa inversión y ofrecerá garantía de ello. Tonta sería la persona, o el grupo de ellas, que se aventurara a poner su dinero a merced de la suerte, del capricho de los legisladores o de la incertidumbre legal.
De ahí la seria preocupación de pequeños y grandes inversores y propietarios de bienes, como de tierra o ganado, ante los conflictos, viejos unos, nuevos otros, que se suceden casi ininterrumpidamente en nuestro país. La situación del Bajo Aguán merece capítulo aparte. Ninguno de los últimos gobiernos, el actual parece que tampoco, han sido capaces de encontrar solución duradera y a largo plazo a las invasiones de tierras en plena producción ni a la violencia protagonizada por grupos armados y guardias contratados por los legítimos propietarios de los cultivos. Lo anterior incluye robo de fruta, venta a compradores que saben que es producto habido de mala manera, y un largo etcétera. En los últimos meses ha habido invasiones en el sur, y, recientemente, se han multiplicado en el departamento de Atlántida. El gerente del Instituto Nacional Agrario señala que el problema es de los operadores de justicia, y así cambia la bola de mano en mano sin que nadie asuma la responsabilidad de resolver el asunto.
El daño que se hace a la inversión local y foránea es enorme. El panorama ahuyenta al inversor más audaz y miles de puestos de trabajo se pierden o dejan de crearse.
El gobierno debe tomar el toro por los cuernos y definir una postura en favor del orden y la seguridad jurídica. Ver hacia otro lado, lanzar cortinas de humo o hacerse el desentendido resulta peligroso en una coyuntura nacional, regional y mundial como la que atravesamos.
