Cuando el partido político hoy hecho Gobierno, controlando la titularidad de los tres poderes del Estado, antepone el interés partidario al interés nacional, es válido formularse esta interrogante: ¿sabe Honduras gobernarse a sí misma?
La percepción que se tiene, dentro y fuera del país, es que existe una creciente ingobernabilidad conducente a la parálisis.
El ejemplo más visible y notorio ocurre en el Congreso Nacional desde el inicio de la actual legislatura al nombrarse a una junta directiva ilegal, al no contar con la mayoría de votos requerida para tal efecto.
Seguidamente, al emitir decreto de amnistía que protege a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, supuestamente involucrados, como agentes activos, en actos de gran corrupción y abuso de poder.
Culminando con la no convocatoria a sesiones parlamentarias al no contar con los 86 votos requeridos para elegir al fiscal general, tampoco a un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas.
El presupuesto del Poder Legislativo se dilapida de diversas maneras: otorgando subsidios y bonos a diputados con el propósito de recibir, a cambio, respaldo al momento de las votaciones para aprobar decretos presentados por el Ejecutivo, pagando salarios mensuales, pese a que los legisladores no están cumpliendo con las atribuciones que les señala el artículo 205 constitucional, precisamente por la prolongada parálisis debida, tal como señala el analista Luis León, a un “capricho político al no querer ceder posturas, sabiendo que ninguno de los bandos puede lograr la elección de un fiscal sin el otro”.
Los viajes, innecesarios desde todo punto de vista, de comisiones de diputados a otros países y continentes también contribuye al derroche de fondos públicos asignados presupuestariamente al Congreso.
Este cúmulo de desaciertos por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dejan al trasluz su pésimo manejo de ese poder estatal, al igual que su incondicionalidad y subordinación con la titular del Poder Ejecutivo, a su vez dependiente de las directrices emanadas del asesor principal de este Gobierno, su esposo.
La institucionalidad de Honduras se encuentra severamente afectada, debilitándola aceleradamente, lo que conduce al caos, el que a su vez desemboca en la sustitución del imperio de la ley por la ambición y designios de facciones y grupos, imponiéndose al bien común de la totalidad de sus compatriotas.
