Lo que en algún tiempo se llamaba rendimiento de cuentas va quedando en el olvido y si se dan explicaciones para recibir la solvencia con el finiquito es a tan largo plazo que ya lo pasado, pasado. Si a ello sumamos la debilidad de los organismos contralores y el sistema judicial podemos concluir que no hay temor y los asuntos de Estado, así como el comportamiento de los funcionarios pasan a un área sin cerca.
El fortalecimiento institucional se halla condicionado prioritariamente al funcionamiento oportuno, eficaz y con apego a las leyes del sistema judicial, de manera que podamos decir hasta con orgullo y satisfacción “dura la ley, pero es la ley”. No como sucede en nuestros días en que claramente la labor judicial se halla encarrilada en la ruta marcada, al paso de conveniencia con final adelantado.
No nos referimos a la universalidad del sistema judicial, sino concretamente a la responsabilidad de los funcionarios, de ayer, de hoy y de mañana quienes deben responder a los ciudadanos por corrupción, irregularidades, lentitud y opacidad en la tarea encomendada. No pocas veces caen en el límite, especie de vacío entre lo legal y la ilegalidad, que resuelven, con un “aquí mando yo”.
Prevenir también es un gran valor en la tarea pública, pero de no hacerlo habrá que denunciar y reprimir. Nadie debe estar sobre y fuera de la ley, lo cual comienza por quienes se autocomplacen con el calificativo de “voz del pueblo”, es decir, el Congreso Nacional cuyos miembros carecen de las clásicas virtudes políticas, hablar para entenderse, compartir intereses fundamentales para el bien común de tal manera que en el acercamiento, la negociación, sin tilín, tilín, logren consenso en asuntos básico pese a las divergencias partidistas.
Volvamos al rendimiento de cuentas según la ley como acción personal. El primer peldaño en la escalera de responsabilidades es en el ámbito político por medio del partido o del Congreso. En cuántos países se llaman a los ministros, al jefe de Gobierno o presidente para que explique o justifique decisiones. Hay que acudir al llamado que, es sin duda, el primer paso, generalmente limitado a la política general de la nación, sobre la que se le interpela. Pero hay otros pasos hasta llegar a lo penal y aquí es donde más tambalean las decisiones judiciales, cuyos responsables miran a un lado u otro antes de sentenciar.
Compleja situación sin solución inmediata, pero sí con la necesidad de abrir nuevo camino para que el abuso de poder, la corrupción, la violencia, la pobreza y otras muchas lacras sean desarraigadas de la actividad política, de la labor administrativa y abran nuevos “amaneceres” a los hondureños.
