A partir de la toma de posesión del nuevo gobierno, el día 27 de enero de 2026, reviste carácter prioritario desmantelar la acumulación de tendencias autoritarias —cada vez más evidentes y peligrosas— que han facilitado la concentración del poder y la autoridad en la rama Ejecutiva, subordinando al Legislativo y al Judicial, al Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a sus designios e intereses —convertidas en cajas de resonancia—, instrumentalizando y socavando la institucionalidad.
Simultáneamente, se ha renovado periódicamente un estado de emergencia que, además de no lograr controlar la violencia delincuencial en grado significativo, atenta contra derechos humanos básicos, como la libre locomoción, entre otros.
Se ha hostigado y acosado a los medios de comunicación independientes de diversas maneras, intentando implementar censuras y limitaciones al derecho a informar e interpretar sucesos y acontecimientos con plena libertad, sin condicionalidades provenientes del oficialismo.
La secretividad en el manejo de fondos públicos, la falta de rendición de cuentas, el retraso deliberado en los aportes a las arcas municipales cuyas alcaldías no están integradas en su totalidad por compatriotas afiliados al partido político en el poder, la formación de grupos de choque encargados de atemorizar a la disidencia, la no convocatoria a sesiones por parte del presidente del Congreso, manipulando a su antojo el presupuesto, resucitando el otorgamiento de fondos a determinados diputados en un descarado afán de sobornar el voto de los diputados, despilfarrando fondos en viajes y viáticos, atacando a la empresa privada y a organizaciones de la sociedad civil, constituyen otras manifestaciones de la intolerancia, características de todo régimen que irrespeta el Estado de derecho para imponer su voluntad y su criterio sectario, y que construye alianzas y relaciones con sistemas similares imperantes en otras latitudes.
Tal labor de saneamiento debe ser integral y coordinada, evitando caer en otras modalidades de autoritarismo, lo cual sería otro retroceso en la forja y consolidación de nuestra endeble democracia, cuya recuperación implica transparencia, honestidad y eficiencia, con el bien común como norte y guía.
El reto y desafío que reciben las nuevas autoridades es formidable, en los diversos frentes, y requiere de voluntad política, integridad, decisión, capacidad de diálogo constante con los gobernados, humildad y austeridad. Si son capaces de cortar tales nudos gordianos, recibirán la aprobación y beneplácito ciudadano; caso contrario, la desaprobación y el rechazo colectivos.
