San Pedro Sula, Honduras.
La resolución del tribunal contra los miembros de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, al margen de las más variadas reacciones y de las condiciones en que se está desarrollando el proceso, abre un camino necesario para el adecentamiento en el manejo de los recursos públicos que como tradicionalmente se cualifican bienes de todos, son “de nadie”.
No podemos calificar a las directivas en las instituciones del Estado como de miembros accionistas, celosos de su inversión, ni de miembros de la junta de administración receptora del mandato de los dueños, ejecutora de las políticas para el aumento de beneficios y obligados a dar cuenta de la gestión. Nada de esto se aplica en la administración pública ni en los cargos de los entes descentralizados, por eso sucede lo que sucede.
Es conocido el éxito empresarial de personas que ingresan a la administración pública en donde se opacan o se dejan llevar por la burocracia y hasta por la corrupción, tentados por la riqueza fácil y por la impunidad en que queda su obtención. En términos generales, este es, junto a la violencia, el más grave problema por el deterioro moral, por la pérdida de valores como la credibilidad y confianza en personas e instituciones.
Sea el juez quien emita resolución con apego a la ley, para nosotros es lamentablemente significativo que dada la composición de la junta directiva no haya surgido de ella una posición frontal y determinante para defender a los derechohabientes, pues forman mayoría los representantes de las dos fuentes de ingreso del IHSS, nos referimos a las cuotas del sector privado, patronal y del trabajador, porque en los organismos públicos las deducciones de los empleados son desviadas frecuentemente y en total impunidad hacia el pago de superplanillas o contratos.
Nueve son las personas que representan al sector laboral, dirigentes sindicales y empresarios, que pese a conocer las precariedades del Seguro, abundantemente publicitadas en los medios, no alzaron la voz por los compañeros, trabajadores y dueños de empresas, al contrario avalaron decisiones y acciones que ahora los tienen en los tribunales.
La explicación de que la acción jurídica es consecuencia de la ausencia del protagonista, no es más que seguir justificando los errores propios en actuaciones ajenas. Ojalá que, sin intentar distraer ni olvidar al ausente-presente, haya un mensaje claro y determinante iniciado ya en la reciente audiencia, a la espera de la conclusión del proceso con el juicio.
“Creo que esto marca una nueva historia en que las juntas directivas de las instancias e instituciones van a pensar dos veces lo que se está aprobando y va a haber un mayor compromiso”, reaccionó el Consejo Nacional Anticorrupción en declaraciones de su directora Gabriela Castellanos. ¡Que así sea!
La resolución del tribunal contra los miembros de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, al margen de las más variadas reacciones y de las condiciones en que se está desarrollando el proceso, abre un camino necesario para el adecentamiento en el manejo de los recursos públicos que como tradicionalmente se cualifican bienes de todos, son “de nadie”.
No podemos calificar a las directivas en las instituciones del Estado como de miembros accionistas, celosos de su inversión, ni de miembros de la junta de administración receptora del mandato de los dueños, ejecutora de las políticas para el aumento de beneficios y obligados a dar cuenta de la gestión. Nada de esto se aplica en la administración pública ni en los cargos de los entes descentralizados, por eso sucede lo que sucede.
Es conocido el éxito empresarial de personas que ingresan a la administración pública en donde se opacan o se dejan llevar por la burocracia y hasta por la corrupción, tentados por la riqueza fácil y por la impunidad en que queda su obtención. En términos generales, este es, junto a la violencia, el más grave problema por el deterioro moral, por la pérdida de valores como la credibilidad y confianza en personas e instituciones.
Sea el juez quien emita resolución con apego a la ley, para nosotros es lamentablemente significativo que dada la composición de la junta directiva no haya surgido de ella una posición frontal y determinante para defender a los derechohabientes, pues forman mayoría los representantes de las dos fuentes de ingreso del IHSS, nos referimos a las cuotas del sector privado, patronal y del trabajador, porque en los organismos públicos las deducciones de los empleados son desviadas frecuentemente y en total impunidad hacia el pago de superplanillas o contratos.
Nueve son las personas que representan al sector laboral, dirigentes sindicales y empresarios, que pese a conocer las precariedades del Seguro, abundantemente publicitadas en los medios, no alzaron la voz por los compañeros, trabajadores y dueños de empresas, al contrario avalaron decisiones y acciones que ahora los tienen en los tribunales.
La explicación de que la acción jurídica es consecuencia de la ausencia del protagonista, no es más que seguir justificando los errores propios en actuaciones ajenas. Ojalá que, sin intentar distraer ni olvidar al ausente-presente, haya un mensaje claro y determinante iniciado ya en la reciente audiencia, a la espera de la conclusión del proceso con el juicio.
“Creo que esto marca una nueva historia en que las juntas directivas de las instancias e instituciones van a pensar dos veces lo que se está aprobando y va a haber un mayor compromiso”, reaccionó el Consejo Nacional Anticorrupción en declaraciones de su directora Gabriela Castellanos. ¡Que así sea!
