Una mayoría de víctimas de abuso sexual en Honduras son menores de 17 años y de ellos, son más las niñas de 13 años las agredidas por sádicos que no tienen piedad pese al daño físico y mental que hacen. Esos y otros datos son parte de un reportaje publicado por LA PRENSA que revela información acumulada en el Ministerio Público entre el 2017 y 2022, con terribles testimonios de las víctimas. Otro informe, conocido en las últimas semanas, alerta que unas 3,500 niñas, con edades entre los 10 y los 18 años, han sufrido agresión sexual entre el 2020 y lo que va de 2022, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Solo este año, destaca, alrededor de 800 niñas fueron violadas en el país, cifras que son contundentes y suficientes para provocar acciones estatales para enfrentar y atacar este flagelo con verdaderas políticas públicas.

Y un tercer informe sobre la niñez, refrendado por la oenegé Casa Alianza, señala que más de 14,000 hondureños menores de 23 años, muchos de ellos niños y niñas, fueron asesinados en Honduras en los últimos veinte años, en un país donde “los niños y jóvenes son las principales víctimas de la violencia”. Por desgracia, en muchos casos esos abusos, explotaciones y violencia la sufren dentro de sus propias familias.

Nuestros menores sufren acoso sexual, maltratos físicos y sicológicos; son las principales víctimas de agresiones porque, en su mayoría, están atrapados en una situación de vulnerabilidad donde la violencia es “estructural, generalizada y se ha venido dando desde el mismo Estado por acción u omisión”, según el director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez. Él y todos estos expertos en el tema coinciden en que ha empeorado la situación con la ausencia de políticas públicas y respuestas institucionales eficaces frente a la violencia contra las niñas y niños.

Y no se trata solamente de contar con hojas de ruta, sino más bien de que todos los planes y estrategias tengan focalización de inversión pública para que haya una respuesta integral.

Estos indicadores muestran que proteger a esa población no ha sido prioridad para una sociedad indolente, con un sistema de justicia que, por décadas, ha dejado impune la mayoría de casos de abuso sexual contra menores —apenas se resuelve un 15%— y un Estado que alimenta la explotación contra la niñez.

El Gobierno no debe dar más tregua a las urgencias en educación, salud y en la protección integral de la niñez. Debe revertir estos indicadores y obligarse a respetar todos los derechos de nuestros menores.