Con ese lema se ha lanzado una meritoria y oportuna iniciativa, auspiciada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus atribuciones, la ONU-Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), con el propósito de que se respete el derecho de nuestras compatriotas de participación efectiva en los procesos electorales, internos y general, a realizarse el año próximo, previniendo, sancionando y erradicando la violencia contra ellas.
Históricamente, la exclusión de las mujeres del ámbito público-político se enraíza y naturaliza en los discursos, representaciones y estereotipos que las han visto ajenas a la labor política, meros acompañantes o agregados como asistentes de la labor masculina, no como protagonistas.
Si bien es cierto que la Ley Electoral, aprobada en 2021, ordena que el 50% de candidatas femeninas integren las nóminas para cargos de elección popular en todos los niveles electivos, una vez que han sido electas, las cúpulas de los partidos políticos en los que militan las destituyen para en su lugar nombrar a varones, lo que constituye un acto discriminatorio, violatorio de sus derechos humanos, dignidad y de la legislación relativa a la igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo los estatutos y reglamentos de los partidos políticos.
Se requiere una nueva cultura política que profundice y consolide los procesos democráticos en la esfera de lo político, que incluye la igualdad y equidad de género, lo que es parte esencial de la democratización interna partidaria, que comprende también el cese de la violencia política en contra de las féminas, potenciando el liderazgo de las mujeres en los distintos niveles y la paridad como práctica de ciudadanía y fortalecimiento del Estado de derecho.
Los organismos electorales desempeñan un papel decisivo en garantizar los derechos políticos en condiciones de igualdad y no discriminación, fortaleciendo su fiscalización en materia de igualdad, incluyendo la paridad de género no solo en las planillas, también en los cargos de dirección partidaria. Adicionalmente, la capacitación y promoción política femenina, otorgando para ello un porcentaje de la deuda política para su financiamiento. Entre los distintos instrumentos jurídicos de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño se incluye la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (2017), de obligatorio cumplimiento para los países signatarios. Recuérdese que el 52% del total poblacional hondureño está constituido por mujeres y su peso electoral no puede ser ignorado. La iniciativa arriba señalada también abarca a personas discapacitadas, con VIH, indígenas y afrodescendientes. Debería, además, incluir a las afiliadas en la diversidad sexual: LGBT, víctimas también de violencia y discriminación.
