En cualquier país en el que la gobernabilidad, la paz interna y el imperio de la ley prevalecen, aplicados uniformemente y no con carácter selectivo, con una institucionalidad sólida y funcional, la conflictividad social está bajo control, canalizando reclamos y expectativas de manera eficiente.
Por el contrario, en las naciones colapsadas, con Estados fallidos, el poder está compartido entre las autoridades y el crimen organizado, tales son los ejemplos de Venezuela y Haití en América Latina, en los que el control del territorio por parte de ambos gobiernos es limitado. Honduras se acerca cada vez más a tal condición, sin que las autoridades traten de recuperar el monopolio de la fuerza, recuperando regiones hoy bajo el poder de hecho del narcotráfico, particularmente, pero no exclusivamente, en los departamentos de la Costa Norte: Colón y Gracias a Dios.
La violencia diaria nos afecta a todas y todos, independientemente de las clases sociales o el estatus económico, tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales. Diversos intentos se han implementado para reducirla a niveles inferiores: “cero tolerancia”, desarmes, incorporación de la Policía Militar patrullando con la Policía Civil, y “estado de excepción”, con resultados inferiores a las expectativas generadas. La inseguridad pública de las personas y sus bienes, generadora de ansiedad, incertidumbre y temor colectivos, continúa presente tanto entre compatriotas como entre extranjeros que residen o visitan nuestro país. Las consecuencias de tales estados de ánimo repercuten directamente en el clima de inversión, en la apertura de negocios, en la conducta diaria y en la portación de armas por parte de civiles, que aplican la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, por cuenta propia. Proliferan las empresas de seguridad privada y el cierre de colonias a los no residentes.
Se requiere, entonces, de nuevos enfoques, metodologías y acciones. Sectores de la sociedad civil han sugerido, por ejemplo, la creación de una policía comunitaria que interactúe con los pobladores, despojados del temor a represalias por colaborar en la vigilancia de sus entornos. La cantidad de cámaras de seguridad instaladas en las calles es insuficiente, con el agravante de que, o bien son dañadas por vándalos, o se encuentran en mal estado.
Ni siquiera en los centros de reclusión, cárceles y penitenciarías, existe un control adecuado de las y los reclusos: periódicas masacres y fugas de reos, consumo de drogas, construcción de caletas y túneles, en ocasiones con la complicidad de las autoridades encargadas de la vigilancia, evidencian lo endeble del sistema, también debilitado por jueces venales que otorgan cartas de libertad, ya sea por presiones y/o sobornos.
Quienes no cuentan con transporte propio y deben utilizar el transporte colectivo para su movilización están expuestos a atracos que pueden conducir a la muerte si no se someten a los dictados de los delincuentes.
¿Hasta cuándo lograremos recuperar la paz y la tranquilidad colectiva, hoy añorada y perdida?
