La ciudadanía y diversas instituciones representativas de la hondureñidad al unísono están clamando, y casi pidiendo a gritos, que la próxima elección de los magistrados del tribunal supremo de justicia a cargo del Congreso Nacional debe realizarse sin componendas de ninguna clase, mucho menos con maniobras políticas que atentarían contra nuestro estado de derecho.
La escogencia de los 15 magistrados que aquel poder del Estado hará en los próximos días debe tener como propósito fundamental el interés superior de Honduras. Los diputados deben interpretar fielmente en el sentido expresado las aspiraciones del pueblo hondureño que les ha conferido su mandato como legisladores y no apartarse de sus premisas y atribuciones constitucionales para reforzar nuestra democracia representativa. Esta será una nueva oportunidad que tendrá el legislativo si toman el ejemplo de nuestros próceres para garantizar y asegurar la institucionalidad hondureña dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, y el bien común. El pueblo hondureño aspira a que los escogidos para presidir la nueva Corte Suprema, además de haber alcanzado las mejores calificaciones en el proceso de depuración llevado a cabo por la Junta Nominadora, tengan como denominador común su honorabilidad, ética y el compromiso con Honduras.
El aporte de la sociedad civil en el proceso de depuración realizado por aquella entidad ha sido muy importante y estará atento y expectante, como también lo está la sociedad hondureña, para que dicha elección no sea manipulada como ciertos sectores lo han advertido, y que no acontezca, como ha sido denunciado, la perpetración de maniobras para que no se elija la nueva Corte Suprema de Justicia, lo que tendría como propósito provocar una crisis política y desestabilizar nuestro sistema democrático. Se han pronosticado también la interposición de eventuales recursos de amparos, que bajo todo punto de vista, sobre todo el legal, serían improcedentes e infundados, mucho más aquellos que persigan la suspensión del acto reclamado y que darían lugar a prorrogar el período de la actual corte.
El Poder Judicial como lo establece la Constitución Política actúa como garante de los derechos fundamentales de los hondureños, como árbitro entre los poderes públicos legalmente constituidos, como titular del control de los actos de los poderes del Estado. De ahí que la elección de los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia deberá hacerse tal como ha sido planteada por los empresarios, por la sociedad civil y por algunos políticos conscientes, con independencia, con reglas claras y transparentes. ¿Será mucho pedir?
