La captura del “administrador” de Koriun Inversiones, Iván Velásquez Castro, y su traslado a la Penitenciaria en Támara, se espera permitirá ir desenredando el ovillo de esta sórdida y masiva estafa que afecta a más de 35,000 personas.
Finalmente, ha sido acusado por el Ministerio Público de lavado de activos, delito que permite la correspondiente sanción legal. ¡Eureka!: el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ha concluido que tal fachada de empresa mercantil ha incurrido en captación irregular de fondos del público, pese a no estar registrada como institución financiera ante el Estado hondureño, y que su representante legal, comerciante individual, nunca se registró en la CNBS, por lo que no es sujeto obligado en dicho ente.
El vice presidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino reconoce que el desempeño ilícito de Koriun ha evidenciado “el vacío legal en la regulación de empresas mercantiles que terminan operando como entidades financieras sin control estatal (...). No hay superintendencia de empresas mercantiles en nuestro país”.
La toma de la carretera que conduce a Puerto Cortés por parte de los y las afectadas, ha generado severas pérdidas económicas por la interrupción en las cadenas de suministros, la paralización de la producción y exportación de las maquiladoras, los gastos incurridos en el envío de refuerzos policiales, también en los y las protestantes al no llevar sustento a sus familias, en vana espera de recuperar los montos entregados de buena fe a Koriun.
El titular del Legislativo y el presidente de la CNBS han anunciado que la presidenta Castro ha ordenado que de fondos públicos se indemnice a las “personas pobres y humildes”, en aplicación del articulo 333 constitucional:
“La intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público y social, y por limite los derechos y libertades reconocidas por esta Constitución”. El experto en Derecho Constitucional, Juan Carlos Barrientos advierte que tal artículo no es aplicable y que los diputados que aprueben tales desembolsos incurren en delito.
¿Por qué deben ser nuestros impuestos los que asuman tan enormes cantidades, cuando lo procedente es la confiscación y venta de los bienes muebles e inmuebles de los y las involucradas en esta inmensa estafa, empezando por sus autores intelectuales? ¿Acaso son intocables y están por encima de la ley y la justicia? ¿O es que son aplicadas de manera selectiva, para beneficiar o sancionar a determinadas personas, de acuerdo a sus vínculos políticos y nexos familiares?
Surgen más y mas preguntas, todas ellas valederas, que deben ser respondidas total y satisfactoriamente, sin evasivas ni sofismas, si es que verdaderamente se desea llegar a la verdad, sea quien sea el que sea expuesto.
