En estos días, hasta el 31 de julio, es cuando el Congreso Nacional está obligado a conformar una junta que debe trabajar en la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que manden una lista de nominados y sean electos a través de una mayoría calificada. Según la ley, el trabajo de esa junta debe hacerse en los primeros 15 días de septiembre, considerando que los actuales magistrados concluyen sus funciones el próximo 23 de enero. La Iglesia Católica, organizaciones internacionales, la embajada estadounidense, representantes de gremios, analistas reconocidos y una creciente cantidad de “opinadores de oficio” —de los que hablan sobre cualquier tema buscando unos cuantos “me gusta” en las redes sociales— se han referido a esta elección para dejar constancia de que es su deseo que se haga de forma “transparente y apolítica”. El ideal es una elección alejada de los intereses particulares, que sea “una selección y elección inclusiva, transparente y apolítica”, decía la embajada de Estados Unidos.
Todos coinciden en que el procedimiento para conformar la Corte ha sido influenciado con el insano propósito de dejar politizado al sistema judicial. Se ha tratado de un proceso de elección estructurado para repartir influencias, defectuoso a la hora de impartir justicia que, hasta ahora, no parece que sufrirá cambios, pese a que hay diputados que ofrecen impulsar una transformación que mejoren la nominación y elección. Esas promesas se diluyen en un ambiente donde se percibe que el resultado será el mismo: fuerzas políticas con su cuota de influencia en el Poder Judicial. Porque ¿cómo despolitizar la elección si quienes deciden son los mismos políticos que están dispuestos a negociar para acumular poder? Así, aunque reconocemos que hay algunas intenciones de quienes quieren sentar un precedente, el peso de la ambición es desmedido.
Y no son solo las élites políticas las que buscan influencia en la Corte, también grupos que han crecido bajo una estela de dudas y personajes que han venido actuando de acuerdo con sus intereses aprovechándose de las flaquezas del sistema judicial en contubernio con políticos. Algunos de estos sujetos son tan desfachatados que tienen la osadía de pedir en público una elección que sea “transparente y ética” de los nuevos magistrados. Como dicen: el comal le dijo a la olla...
Solo nos queda esperar que de esa nómina de 45 se elijan los 15 con los mejores perfiles, conscientes de que detrás habrá un acuerdo político, que se cuente con los suficientes votos para salvar a los candidatos más capaces y honorables y que la elección no termine en una nueva crisis política. Eso sería catastrófico para el país.
