El departamento de Gracias a Dios ha sido el último en incorporarse como tal en la división política y administrativa del territorio nacional, ya que fue hasta el 21 de febrero de 1957. Igualmente es el último en las prioridades gubernamentales, desde tal fecha a la actualidad, pese a su gran potencial económico por su riqueza forestal, hídrica, pesquera, mineral, turística. La pobreza, insalubridad, aislamiento, insuficiencia de centros sanitarios y educativos afectan a su población multiétnica, afectada por la creciente presencia de narcotraficantes que encuentran santuario a su quehacer delictivo.
Dado que las oportunidades laborales son escasas, una de las pocas disponibles consiste en el contratarse con las flotas pesqueras de Roatán en la pesca industrial por buceo, sumergiéndose en las profundidades marinas para atrapar langostas sin ser provistos del adecuado equipo, por lo que, frecuentemente, son afectados por accidentes laborales diversos; entre ellos, el síndrome de descompensación, lo que ha resultado en casos crecientes de invalidez y muerte, sin recibir tratamientos médicos ni compensaciones monetarias por los propietarios de las embarcaciones que faenan en alta mar, que ni siquiera poseen facilidades de salud de emergencia, lo que permite preguntarse ¿dónde están los inspectores de la Secretaría de Trabajo para supervisar la seguridad de los trabajadores del mar, que deberían estar no solo dotados de medidas de seguridad, también del pago de salarios justos y puntuales?
Desde 2004, organizaciones misquitas presentaron petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a su problemática y abandono. En 2009, la CIDH emitió Informe de Admisibilidad, y en 2018 el Informe de Fondo 64/18, notificando al Estado hondureño tal informe, concediéndole dos meses para que informara acerca del cumplimiento de las recomendación formuladas, sin que el Gobierno de turno aportara información sobre avances en el cumplimiento. Ante ello, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la totalidad de los hechos y violaciones diversas a los derechos humanos, solicitando declarar la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones incluidas en el Informe de Fondo, así como aplicar medidas de reparación.
En 2021, la Corte condenó al Estado hondureño como responsable de la violación de los derechos humanos de los 42 demandantes, advirtiendo que vigilará el cumplimiento total de la sentencia, desde el reconocimiento de responsabilidad en acto público, el pago de las indemnizaciones pendientes, otorgamiento de becas a los hijos de los lisiados, la garantía de adopción de medidas para que tales hechos no se repitan, la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y la implementación de medidas de rehabilitación integral. ¿Acaso los compatriotas de Gracias a Dios son vistos como ciudadanos de segunda clase?
