Dar o no dar dinero a los niños que se nos acercan y lo piden en las calles es una de las dudas que nos acosan al encontrarlos en los semáforos, más en estos días cuando la presencia de estos menores, en situación de penuria, se ha triplicado al crecer el índice de pobreza y de inseguridad alimentaria en el país.
Dar limosna a los niños y adolescentes, según organizaciones dedicadas al bienestar y protección de los menores, solo ayuda a prolongar su estado de mendicidad o a la explotación a la que son sometidos. Lo que piden no es ignorarlos, sino buscar formas de ayudarlos a tener un futuro digno. Pero, ¿quién está velando por ellos y sus familias?
Sea pidiendo por caridad, limpiando vidrios o haciendo acrobacias, estos niños y adolescentes están expuestos al maltrato físico y sicológico, a accidentes, enfermedades y a todos los peligros del abandono en la calle, como el abuso sexual. Es una tragedia de grandes dimensiones que se ha exacerbado con la pandemia.
Son los menores quienes se han llevado la peor parte: de 400,000 en la categoría de “trabajo infantil” en 2019, Honduras ha pasado a tener casi el millón en 2022, datos que evidencian el impacto de la cuarentena que se sumó a la falta de políticas públicas para atenderlos y a la crónica indiferencia de la sociedad que no ha exigido atención a este flagelo que viola todos los derechos de la niñez.
En estos últimos dos años, señalan los informes sobre el estado de la infancia, ha crecido el riesgo de exclusión social de menores hondureños que han sido obligados a salir a pedir dinero a las calles, que abandonaron la escuela y enfrentan intolerancia, discriminación y hambre, porque son parte de las miles de familias que el Coronavirus y las inundaciones dejaron sin acceso a alimentos suficientes por falta de empleo.
Son datos que aumentan el riesgo de que no se eduquen al ser obligados a trabajar, y auguran el crecimiento de la mortalidad infantil. Muchos son menores que, en edad escolar, sufren del asediado de las maras que los reclutan para traficar drogas o cobrar extorsión, o son jóvenes que no han logrado reunir el dinero para emigrar en caravanas.
El mayor porcentaje de niños y niñas en las calles se concentra en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, lo que es suficiente razón para que ambas alcaldías enfoquen recursos y monten programas efectivos y transparentes de alimentos para las familias en penuria, además de procurar salud y educación a estos menores, con el apoyo de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y de instituciones creadas para velar por el bienestar de la niñez que no están haciendo lo suficiente. Porque no podemos seguir ignorándolos. Hay que actuar para salvarlos de ese infierno de las calles.
