Los fondos públicos destinados para la primera etapa del proceso electoral, correspondiente a los comicios primarios que se realizarán el 9 de marzo, resultan excesivamente onerosos, al extremo que superan las partidas presupuestarias asignadas a distintas secretarías de Estado para este año: L18,900 millones, lo que ha generado justificadas críticas por distintos compatriotas, desde el cardenal Óscar Andrés Rodríguez hasta analistas independientes que correctamente señalan que existen temáticas prioritarias que quedan relegadas a un segundo o tercer plano en diversos rubros: atención a nuestros migrantes deportados, derechos humanos, seguridad, agricultura, entre otros. Igualmente, observan que debería corresponder a los distintos partidos políticos, y no a nosotros, los contribuyentes, que pagamos puntualmente los distintos impuestos que constituyen la carga tributaria, los que deben asumir los gastos de las internas.
Adicionalmente, la mayoría de aspirantes a cargos de elección popular: diputaciones, alcaldías, se rehúsan a acreditar sus cuentas bancarias a fin de registrar el origen y uso de los fondos destinados a sus respectivas campañas. Al 24 de febrero, apenas el 21% del total de candidatos (as): 1,233 de un total de cerca de 5,000 candidatos habían cumplido con este requisito obligatorio en la Unidad de Política Limpia, de acuerdo con la denuncia formulada por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
Tal renuencia, absolutamente injustificada, motiva suspicacias respecto a las fuentes que aportan los diversos gastos en que incurren que van desde campañas publicitarias, pagos a los y las activistas, transporte y movilizaciones.
El ventajismo está presente beneficiando --según denuncias de diversos sectores que deberían ser investigadas-- en el actual proceso electoral a los y las aspirantes a curules legislativos que reciben subsidios por parte del presidente del Congreso Nacional, sean o no oficialistas, pero alineados con las directrices emanadas del Poder Ejecutivo, lo que constituye un acto tanto de corrupción como de opacidad respecto a la manera selectiva en que se dispone de fondos millonarios, cuando la obligación exclusiva de los “padres y madres de la patria” debe ser legislar. El CNA ha denunciado que más de L1,350 millones del presupuesto del Poder Legislativo es destinado al pago de viáticos, subvenciones, salarios, además de gastos de carácter suntuario. No es casual entonces, que la ciudadanía percibe a los políticos como un sector poblacional parasitario, oportunista, manipulador, que vive y prospera a la sombra del Estado y de nosotros los electores. Tal modus vivendi socava la credibilidad colectiva en el sistema democrático, facilitando la labor de zapa por parte de demagogos populistas de extrema izquierda y derecha, que explotan para sus propósitos el descontento popular.
