Siempre y cuando en cualquier nación existe un sistema judicial en que la ley se aplica equitativamente tanto al poderoso como al indefenso, al pudiente como al menesteroso, de igual manera, la impunidad no logra prevalecer, por el contrario, a todos se les juzga con el mismo rasero.
Desafortunadamente, ese no es el caso para Honduras, que carece de un sistema de contrapesos que equilibre los derechos y atribuciones de los tres poderes estatales; prevalece el Ejecutivo, en tanto el Judicial y Legislativo se subordinan a los mandatos emanados de Casa Presidencial.
Traemos a colación estas reflexiones tras conocerse la sentencia impuesta al otrora gobernante Juan Orlando Hernández, quien queda definitivamente privado de libertad por decisión del juez, tras que el jurado lo hubiera encontrado culpable de los cargos formulados en su contra por la Fiscalía, que son de carácter federal y conllevan severas sanciones.
Un capítulo por demás sombrío para él, sus parientes, para Honduras, convertida tanto en ruta de tránsito del narcotráfico como productora de drogas para consumo externo e interno.
Múltiples lecciones se derivan de este sórdido escándalo, que debería sacudir los cimientos en que descansa el Poder Judicial y la Fiscalía, convertidos en auxiliares y cómplices de malvivientes que abusan del poder conferido por la ciudadanía.
Igualmente, han perdido credibilidad las dirigencias de los partidos políticos que entablaron alianzas de recíproco beneficio con los transgresores de las leyes.
En tanto en cuanto no dispongamos de un Poder Judicial y de una Fiscalía profesional, honorable, ética, imparcial continuarán a la deriva, instrumentalizadas por poderes fácticos.
El honor nacional ha quedado mancillado, desprestigiado, a causa de quienes han accedido al poder para su beneficio personal, y desde él cometiendo actos ilícitos y arbitrariedades reñidas con la honradez y el honor. Moraleja: quien mal anda, mal acaba. Refrán: dime con quien andas y te diré quién eres.
En Estados Unidos fue acusado de tráfico de drogas, no de corrupción. Toca entonces a las autoridades hondureñas emprender acciones judiciales pertinentes a ese otro cargo, que tanto daño ha ocasionado a nuestro país y su pueblo.
Se trata de impartir justicia sin distingos de posición política, social y económica, equitativa por igual para todos.
