Los documentos básicos contentivos de la aspiración de la humanidad para disponer de instrumentos jurídicos que los incluya en detalle son la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyos contenidos deben ser conocidos y estudiados por nuestros compatriotas para su promoción y protección, con el fin de forjar una Honduras incluyente y solidaria en que su vigencia sea aplicada y respetada por el Estado para poder forjar una patria en que todos, sin excepción, merezcamos respeto y garantías recíprocas en nuestras vidas y patrimonios, en ambientes de paz y libertad. Si a nivel mundial han sufrido creciente deterioro, en unos países con mayor intensidad que en otros, también en el nuestro experimentamos igual tendencia. La persecución, acoso y homicidios que sufren los defensores de los derechos humanos, al igual que los periodistas y comunicadores sociales, crece cada vez más, con el agravante de que la gran mayoría de hechos violentos no son judicializados, quedando en total impunidad.
Similar situación afecta a las mujeres, víctimas de feminicidios, a los indígenas y garífunas despojados de sus tierras ancestrales, a los integrantes de las comunidades LGBTI, migrantes, personas con discapacidades. Las estadísticas confirman un ambiente de intolerancia, violencia, inseguridad, desprotección, vulneración de sus derechos. Las mujeres, no importando su edad, están expuestas a violaciones, embarazos no deseados, secuestros, tráfico nacional e internacional, obligándolas a prostituirse, pornografía, discriminaciones por razón de genero, torturas, asesinatos. La violencia física, psicológica, sexual y patrimonial es cotidiana, omnipresente en sus vidas. Los compatriotas que optan por migrar a otras latitudes, lo hacen obligados ante las amenazas, desempleo, zozobra, ausencia de oportunidades. El trayecto que deben recorrer para intentar llegar a su destino es hostil por parte de las autoridades y del crimen organizado, que los extorsionan, secuestran, liquidan, al no poder pagar las elevadas sumas que deben pagarles. Sus parientes no llegan a conocer cuál fue su destino final: si están vivos o muertos. La corrupción, pública y privada, empobrece cada vez más a los hondureños, -material y espiritualmente-, crece la desigualdad, impide el desarrollo humano y económico. La lucha permanente contra este flagelo es la lucha por los derechos humanos. El desplazamiento forzado interno afecta a familias enteras, que de un día para otro son obligadas a desalojar sus viviendas para convertirlas en refugio de delincuentes. El derecho de acceso a la información pública se encuentra cada vez más restringido por la opacidad, ausencia de transparencia y secretividad oficial, que, bajo distintas excusas, no la divulga, la retiene. Una brecha cada vez más amplia confirma que queda mucho por el cumplimiento irrestricto de todos y cada uno de los derechos humanos, lo que requiere vigilancia y reclamo permanente por parte de nosotros, sin excepción.
