La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti Evasión, constituye una carga tributaria que la última legislatura decretó para ordenar las maltrechas finanzas del Estado, reducir el déficit fiscal y evitar sus efectos negativos en nuestra economía, tanto en la generación de inflación como en la disminución del poder adquisitivo de la moneda y para lograr –eso esperamos-- una mejor captación y administración de los recursos del Estado.
Este paquete tiene una amplia gama de medidas fiscales, aduaneras y exoneraciones tributarias que innegablemente tendrán un impacto en la economía de los hogares hondureños, particularmente con el alza del impuesto sobre ventas, que pese a las intenciones del legislador causará, aunque se diga lo contrario, un incremento al costo de los servicios y productos, especialmente a los carburantes y a la canasta básica familiar.
El acuerdo suscrito entre el Partido Nacional y el Liberal en el marco de las negociaciones por la elección de la directiva del Congreso Nacional se basó en la exigencia del Partido Liberal para la desgravación de los artículos de consumo popular, lo cual aminorará el impacto económico de dichas medidas y evitará un alza de tales productos.
Sin embargo, quedan vigentes algunos impuestos que afectarán la economía del hondureño, sobre todo de los más desafortunados económicamente hablando.
El proyecto de decreto introducido a estos efectos por la bancada liberal abarca tres artículos que por una parte plantean la precariedad económica del hondureño, y por la otra arguyen la responsabilidad del ente legislativo para velar por el interés de la clase media y pobre; planteando el proyecto de los liberales la derogatoria del artículo 17 de la Ley a que nos venimos refiriendo, o sea la eliminación del cobro del 15% a los productos de la canasta básica.
Bien harían los liberales, los nacionalistas y quienes quieran hacer oposición constructiva, en revisar algunos temas que la empresa privada considera que tienen impacto en las actuales y futuras inversiones, de eso se tratan los debates entre legisladores.
También hay otros temas pendientes de explicar sobre su dimensión al pueblo, que no ha podido digerirlos por lo abrupta que fue su aprobación.
Las leyes son recursos gubernamentales que se sancionan algunas veces para mantener el status quo y propiciar la gobernanza. Eso está claro.
De esta forma el poder político recurre a ordenamientos legales como el que nos ocupa, para poder funcionar en una economía deficitaria o en crisis.
