Aquel organismo calificado en su ley como “técnico” va sobreviviendo de descalabro en descalabro con una atención a la población que, como en otras áreas de la administración pública, escucha el “no hay” con resignación patológica, pues el derecho al pataleo hasta se ha olvidado porque duelen ya los pies del ir y venir a las oficinas para la obtención de documentación.
El interés, sin embargo, de una comisión parlamentaria de acercarse al Registro Nacional de las Personas es por un asunto no relacionado con la atención a los hondureños, sino a las graves irregularidades detectadas en la entrega de documentos a personas que no tienen nuestra nacionalidad y que, desde oficinas regionales obtuvieron partidas de nacimiento y con ellas las cédulas de identidad para dar el siguiente paso –en el exterior– de obtener pasaporte.
El asunto es más que grave, puesto que en estos tiempos de globalización solo nos faltaba, para una desgracia mayor, el ser señalados como cómplices en atentados al portar y utilizar los criminales el documento nacional. ¿No hubo filtros para detectar desde la primera solicitud alguna duda y haber recurrido a la superioridad? O ¿es que con incentivos se desvanecieron todas las dudas?
Supuestamente los parlamentarios llegan –dos meses después de que LA PRENSA publicó en su serie de investigación las irregularidades– a indagar lo que ocurrió, por qué sucedió y cómo estalló el escándalo –encubierto en principio– al extrañar la avalancha de solicitudes de pasaportes con algunas similitudes para hondureños con nacionalidad por “nacimiento” en un consulado del exterior.
Sin la publicación de este rotativo todo hubiera ocurrido sin que pasara nada, como así se encaminó, pero ahora entran los diputados que son juez y parte, pues aquello del organismo “técnico” nunca lo fue, y el RNP siguió convertido en una institución en la que el caudal político y la repartición marcan el personal directivo y adjunto, los activistas.
Si algo sale de la visita al RNP será algo más de lo mismo, apuntando hacia la urgencia de una nueva tarjeta de identidad y a la actualización de la base de datos. Para una y otra cosa se requerirán millones no disponibles, pues lo que hay no alcanza ni para papelería y la confianza en organismos del exterior y países cooperantes se halla en bajos niveles para asuntos que están en manos de políticos. Más claro no canta un gallo, mucho menos lo que digan y acuerden los parlamentarios.
