En la medida que prosiguen las investigaciones del Ministerio Público, los hilos de la madeja y el ovillo van sumando detalles de la que se configura como una colosal estafa perpetrada por Inversiones Koriun.
En el proceso, los investigadores han expuesto que con el propósito deliberado de no dejar demasiadas huellas de su accionar no dejaban comprobantes ni registros contables, documentación en físico o digitalizada, que sirviera de respaldo a sus transacciones con los “socios”; es decir, las miles de víctimas del colosal fraude. Apenas un contrato y un recibo están en manos de las víctimas de este esquema piramidal. “No tienen control de nada”, comentó un funcionario del Ministerio Público.
Adicionalmente, ahora se conoce que dos mujeres residentes en los Estados Unidos tienen acceso a las cuentas bancarias y que, por medio de la banca en línea, ya retiraron diez millones de lempiras de las cuentas de Koriun, siendo transferidos a otras cuentas bancarias, con el evidente propósito de intentar ocultar cualquier rastro y pista que facilite la investigación en curso.
Con estas nuevas pistas, la Fiscalía solicitará al FBI información pertinente respecto a estas transacciones, que de ser confirmadas y ampliadas podrán maximizar las pesquisas que orientan hacia el delito de lavado de activos, señalan.
Más y más preguntas emergen a diario: ¿por qué el alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, otorgó permiso a Koriun para operar en dicho municipio pese a la oposición de varios funcionarios del gobierno local?, ¿quiénes son los fundadores y funcionarios que planificaron esta operación tipo Ponzi?, ¿son hondureños o extranjeros, o ambos?
Apenas se conoce un nombre, hasta ahora, el del gerente Iván Velásquez Castro, exempleado de una maquila.
A pesar de contar con más de 300 millones de lempiras en efectivo , Koriun asegura no tener la cantidad completa para devolver el capital de sus socios debido al congelamiento de sus cuentas bancarias. La pregunta es, entonces, ¿cuándo y cómo empezarán a devolver los aportes a ellos confiados por más de 37,000 compatriotas, hoy inmersos en la angustia e incertidumbre?
Esta sórdida trama no puede ni debe quedar en la impunidad, como ocurrió con anteriores casos similares.
Los afectados exigen, con todo derecho, tanto la devolución total de sus dineros como el castigo a todos los involucrados en esta masiva estafa.
Tanto la Fiscalía como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con el respaldo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, deben continuar, de manera coordinada, las indagatorias hasta llegar al fondo de lo ocurrido.
