Actualmente, las bandas criminales han acumulado tal cantidad de armas letales con mayor capacidad destructiva que las que posee la Policía Nacional, poniendo en desventaja a los agentes y oficiales en los enfrentamientos con los delincuentes.
Si hace algunas décadas la procedencia de armas provenía de Nicaragua durante la guerra entre el gobierno sandinista y los contras, abastecidos y equipados por Washington, actualmente su adquisición proviene de los Estados Unidos, vía México o directamente. Pese a los decomisos, el creciente armamentismo civil prosigue.
Ante la violencia que afecta tanto a zonas urbanas como rurales, la ciudadanía opta por armarse para repeler ataques, abigeato, secuestros, emboscadas, asaltos a la propiedad privada. No es casual que todo negocio que puede pagar agencias de vigilancia contrata sus servicios. La real posibilidad de ser chantajeados por extorsionadores desalienta a potenciales inversionistas de crear nuevas fuentes de empleo inaugurando negocios. Algunos ya establecidos optan por cerrarlos, temporal o definitivamente, en la medida que el pago del “impuesto de guerra” conduce a la pérdida de ganancias y la eventual quiebra para él o los propietarios.
Las estadísticas son más que dramáticas y elocuentes: 79.1% del total de homicidios en nuestro país entre 2005-2024 ocurrieron a causa de armas de fuego, sumando 73,600 muertes violentas.
El decomiso de armas por parte de la autoridad indica que respecto a su población, los departamentos de Olancho, Colón y Yoro encabezan la cantidad de armamento decomisado por cada 10,000 habitantes.
Pese a que la Ley de Control de Armas de Fuego (Decreto 101-2018) establece el principio de no recirculación, ordenando que todas las armas de fuego, municiones, explosivos, declarados excedentes o entregados voluntariamente deben de inmediato ser destruidos, la realidad es que 37,000 armas decomisadas están embodegadas, sea en la Policía o la Fiscalía, con la posibilidad cierta de que sean sustraídas para su reventa. El artículo 114 de la referida ley ordena la destrucción de armas de uso prohibido o cuando exista sentencia condenatoria. En Cortés y Yoro, una de cada diez armas confiscadas son de uso prohibido, superando el porcentaje nacional. En primer lugar Cortés, con el mayor número de armas de uso prohibido incautadas en 2025. Tales cifras son producto de exhaustivas investigaciones por parte de la Unidad de Investigación de nuestro Diario La Prensa.
Se impone un desarme generalizado como medida inmediata, caso contrario, ingresaremos a un estado de guerra civil no declarada con la inevitable espiral ascendente de muertos y heridos, sean personas activas o simple espectadores ubicados en el momento y lugar inadecuados. De no implementarse, presenciaremos dos ejércitos: el oficial; es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de una parte, y el privado, integrado por narcotraficantes, sicarios, asaltantes, ladrones de ganado, mareros. En medio, la población inerme, expuesta diariamente a ser agredida con resultados trágicos y letales.
Tal es la ruta hacia la que Honduras se encamina, retornando a ser uno de los países más violentos y peligrosos del mundo.
