Los hechos subsiguientes al desarrollo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, han captado la atención de los medios casi más que el proceso mismo. La negativa del presidente Trump a reconocer el triunfo de Joe Biden, el silencio de muchos de los representantes republicanos y la cantidad de recursos interpuestos ante distintos niveles del Poder Judicial, hasta llegar al mismo Tribunal Supremo, con el fin de ganar en las cortes lo que se había perdido en las urnas, ha mantenido al mundo entero sorprendido e incrédulo ante una situación inédita en un país líder en cuanto a valores democráticos y en el que la alternancia en el poder no ha contraído ningún trauma mayor en el pasado reciente.
Sin embargo, en medio del ruido mediático, de la efervescencia de las redes sociales, de las declaraciones más insólitas y de la descalificación de un proceso electoral sin aportar pruebas para demostrar su ilegitimidad, hay un hecho que es importante destacar y que es una demostración de la real independencia de poderes que existe en el gran país del norte. Los tribunales, locales, estatales y nacionales, con raras excepciones, ni siquiera admitieron los reclamos de los abogados partidarios del aún presidente; no obstante, las presiones que, en su peculiar manera de ser, llevó al señor Trump a ejercer sobre las autoridades judiciales. La Corte Suprema, en cuya conformación hay tres magistrados propuestos y nombrados durante la administración por terminar, más otros tres de tendencia conservadora, de un total de nueve, también desestimó la rocambolesca petición del gobernador de Texas, que llevaba a la intervención de un estado de la unión sobre las normas electorales de otros.
En América Latina, el hecho no pasa desapercibido. En estos países, incluido, por supuesto, el nuestro, aunque en teoría cada uno de los llamados poderes de Estado es independiente y no recibe instrucciones, órdenes o presiones de otro; en la práctica, el Poder Ejecutivo, velada o descaradamente, influye sobre los procedimientos y las decisiones de los otros dos, sobre todo sobre el Poder Judicial. De hecho, la percepción generalizada es que, en asuntos de cierta entidad, este último no actúa sin la venia del primero.
Del río Bravo para abajo es raro encontrar de forma permanente una cámara legislativa que le lleve la contraria al presidente del ejecutivo, sin que se corra el riesgo de ser intervenido groseramente en su vida institucional, como ha pasado en Venezuela o lo que sucedió hace unos meses en El Salvador, o se intente descalificar al Tribunal Supremo desde otro poder, como lo hizo recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández en Argentina.
Ojalá el buen ejemplo estadounidense cunda y la independencia de poderes sea una realidad también en estas latitudes.
