Tragedia educativa

San Pedro Sula, Honduras

Muerte, desempleo y deserción escolar, tres de los dramáticos efectos del covid-19 que nos lastiman desde que se dio la alerta en marzo pasado. Porque gran parte de niños, niñas y adolescentes también son impactados, si no en su salud sí en su futuro ante el riesgo de no poder continuar sus estudios, al menos por ahora. Las cifras del Ministerio de Educación son terribles: hasta septiembre se estimaba que casi 106,000 alumnos habían abandonado el sistema educativo del 1.9 millones de matriculados para el año 2020, casi el 6% de los educandos.

A eso hay que sumarle que los que han continuado en el sistema lo han hecho haciendo peripecias con la Internet, sobre todo en las zonas del interior y marginales donde se vive del saldo o hay que pegarse al vecino que tiene el wifi, en un año totalmente atípico para todo.
La propia Secretaría de Educación advertía que la enseñanza a distancia se cumplía en un 87%, es decir, ese otro 13% —más de 300,000— de quienes nunca lograron conectarse sumémoslo a la cifra de quienes abandonaron el sistema.

A partir de otras estimaciones de las autoridades, de los alumnos que desertaron, la gran mayoría debió salir del sistema para trabajar y ayudar a superar la crisis en sus propios hogares, otro tanto porque sus familias cambiaron de residencia buscando mejores oportunidades, y el resto porque se fueron siguiendo a sus padres en las fallidas caravanas de migrantes rumbo a Estados Unidos. Con esa incertidumbre, el año lectivo está por concluir el próximo 30 de noviembre. La mayoría de los alumnos será promovida al curso siguiente, aunque con un vacío de conocimiento que posiblemente será difícil de recuperar.

Ese aumento de la deserción escolar en tiempos de pandemia no ha sido un problema único de Honduras. El cierre de miles de escuelas en Latinoamérica ha afectado a unos 160 millones de estudiantes, según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Y el problema es el mismo, la necesidad de Internet para lograr sostener la educación a distancia en todas las zonas, en el interior y en los barrios marginales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 20% de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a Internet móvil. Así las cosas, la conectividad debe ser un derecho humano. Sin conexión, la enseñanza seguirá siendo limitada y la región estará expuesta a “enfrentar una catástrofe generacional” en educación, advierten funcionarios de la Unesco. Y esas palabras sabias deben calar en el Gobierno, con urgencia y vehemencia, para que el próximo año no tengamos otra tragedia educativa como la que estamos viviendo hoy.