A escasos días de finalizar el actual gobierno, se evalúa la efectividad de un plan de desarrollo que intentó un reposicionamiento estratégico del aparato estatal ante un modelo económico de mercado, que a todas luces muestra signos de desgaste estructural.
Dicha tarea no fue fácil, debido a que se heredó una economía con graves problemas como: desequilibrios fiscales, déficit comercial, baja capacidad productiva, altos niveles de endeudamiento y corrupción, sobre todo.
En ese contexto se apostó por políticas económicas encaminadas a sanear las finanzas públicas y mejorar indicadores macroeconómicos. Al término del período constitucional, dicha apuesta deja resultados efectivos tales como: sostenibilidad del crecimiento económico entre el 3.5% a 4%, pese a que economías de la región centroamericana se desaceleraron entre 2023-2025, según datos de la Cepal Honduras logró mantener un buen ritmo de crecimiento, buenos niveles de Reservas Internacionales Netas de 9,748. 5 millones de dólares, lo que significa una cobertura de más de 5.5 meses de importaciones, una inflación controlada no mayor al 5%, una devaluación menor al 7% entre el 2024-2025, reducción de la deuda pública con relación al PIB al pasar de 56% en 2021 a 47% en 2025, reducción del déficit comercial de 380 millones de dólares en comparación al 2024, mayor dinamismo en la demanda agregada debido a mayores niveles de consumo interno. Incrementos en la inversión pública dejan tangiblemente mejoras en infraestructura vial, hospitalaria y educación.
Cabe resaltar que dichos indicadores y/o logros han sido bien evaluados por parte de los Organismos Financieros Internacionales (OFIS) como el FMI principalmente, legitimando una buena gestión a nivel macro. Asimismo, desde la perspectiva del desarrollo social se obtuvieron avances como; la reducción de la pobreza en 13.5%, al pasar de 73.6% en 2021 a 60.1% en 2025, de igual forma la desocupación se redujo del 8.6% a 4.9% en el mismo periodo.
Sin embargo, estos avances en materia macroeconómica no lograron cerrar la brecha del déficit del bienestar para muchos hondureños. Dicha brecha se define desde la economía política como la desconexión entre el crecimiento económico y el mejoramiento en las condiciones de vida, la cual radica principalmente en la falta de distribución de la riqueza y el acceso a derechos básicos contemplados en la Constitución de la República.
Por lo que, desde otra perspectiva más allá de los datos estadísticos, se encuentra la cotidianidad de una gran mayoría de ciudadanos que no logran divisar o materializar el progreso de esos indicadores macroeconómicos. Hay una percepción de detrimento en su calidad de subsistencia.
En este sentido, la falta de medicamentos y atenciones en los hospitales públicos deja un sentimiento de insatisfacción y desesperanza, el elevado costo de la canasta básica es uno de los mayores lamentos, pues al menos el 70% del ingreso se destina a comida, la reducción del poder adquisitivo ante el encarecimiento de precios en bienes de consumo, asimismo, en términos del empleo el malestar radica en la precariedad de este y el creciente aumento de la informalidad.
Es preciso señalar, que dichas asimetrías no son simplemente un listado de quejas por parte de los hondureños, sino más bien el resultado de un sistema económico que privilegia la acumulación de capital sobre la reproducción social, evidenciando que el rescate macroeconómico va más allá de mejorar cuantitativamente indicadores, donde comprobamos una vez más desde nuestra realidad que el crecimiento económico no se traduce automáticamente en desarrollo social.
Considerando que, en Honduras a lo largo de 75 años el crecimiento del PIB ha sido en promedio del 3.7% el cual no ha sido capaz de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de sus ciudadanos. Se suma a este escenario el papel que desempeñan las remesas en la economía y los hogares, contribuyendo significativamente a ese crecimiento y sostenibilidad del PIB en al menos un 26%, no obstante, a costa de la expulsión de mano de obra al exterior, dificultad que tampoco pudo revertirse.
En definitiva, el caso de nuestro país bajo la administración actual evidencia una paradoja estructural, el rescate macroeconómico y la mejora de las finanzas públicas tras años de administraciones poco eficientes, no fueron suficientes para saldar las deudas sociales que aquejan a la gran mayoría de los hondureños.
Dichas mejoras sin duda han sido una condición necesaria pero insuficiente para trasladar el alivio a los hogares.
Por lo que, el déficit del bienestar persistirá si no hay voluntad de transformar la solvencia técnica en un modelo mas justo y redistributivo que priorice la vida digna de la mayoría.
El próximo gobierno recibirá una economía con indicadores relativamente positivos, donde el mayor desafío será supeditar la macroeconomía a la bienestar social y los derechos sociales.
