Todos, o casi todos, nos hemos dado cuenta de que la democracia es víctima de deterioro.

Aunque el contrato que nos mantiene unidos ha sido sometido a fuego constante, no hemos aceptado que la influencia de los partidos —especialmente quienes los controlan— ha ido aumentando contra la participación ciudadana.

El control de los grupos locales y municipales ha ido disminuyendo, sustituidos por movimientos ilegales, dominados por intereses económicos, algunos de ellos situados totalmente fuera de la ley.

Son muy pocos los políticos que han querido aceptar la dialéctica relación entre el aumento del poder e influencia de los propietarios y caudillos de los partidos contra los derechos de los ciudadanos. Y no es que siempre el pasado fue mejor, pero en el caso del poder ciudadano y el poder de los partidos, en el pasado las cosas fueron mejor. Con sus falencias y debilidades en cada caso, por supuesto.

Algunos ejemplos pueden ayudar para entender cómo mientras las necesidades democráticas han aumentado por imperativos del crecimiento de la complejidad social, el imperio de los partidos ha crecido exponencialmente, mientras los derechos de los ciudadanos —las bases, como las llaman algunos en momentos en que se trata de discutir sobre puestos y salarios gubernamentales— se ha reducido a una masa informe, manipulada por el poder económico, partidario e incluso delincuencial.

El modelo político de Carías Andino no es un ejemplo a celebrar.

Sin embargo, la descentralización del modelo de poder del caudillo montonero más famoso de la historia nacional es más democrático que el poder de la mayoría de los líderes políticos, que no consultan a nadie, no escuchan a nadie y, por supuesto, no dejan espacio para la discusión de lo que es la mejor decisión.

Vean ustedes lo que ocurre en el Partido Nacional.

Siguiendo un modelo con aires soviéticos tienen una dirección multitudinaria en la capital de Honduras, mientras en el municipio —allí donde se va a crear el poder popular aprovechando el vacío— el ciudadano, la organización de base, el subcomité, el comité y su competencia para nombrar delegados en la convención ha desaparecido.

Igual ocurre en el Partido Libre, en el Partido Liberal, en el Partido Salvador de Honduras —que no puede celebrar siquiera una asamblea— y en donde sus candidatos no son nombrados por los electores.

Y los partidos pequeños mucho menos, la práctica democrática allí no existe.

En el pasado, con fallas notorias por la manipulación de los caudillos capitalinos con respecto a los pequeños municipios —Lepaterique siempre tenía como delegado suyo a un hombre que después llegó a presidente de la república y ni siquiera conoció nunca el pobre municipio, situado a cuarenta kilómetros de la capital—, cuyos ciudadanos, de todos los partidos, elegían personas que no conocían y algunas incluso quienes conspiraban en contra de sus intereses.

Y lo peor, en ningún lugar de Honduras se eligen los regidores, ni cuando se escogen como candidatos, menos cuando se produce la elección porque nadie vota por ellos.

Algo similar ocurre con el vicealcalde y los diputados del Parlamento Centroamericano.

De modo que hay que concluir que no es el sistema democrático el que nos falla, son los falsos demócratas que han dañado las prácticas democráticas, legislando desde el Congreso, en el interior de los partidos, en contra de los derechos ciudadanos lo que ha producido en forma malvada que los electores hayan confundido lo que es la perversidad de los políticos de oficio con lo que son las fallas del sistema democrático.

Como este engaño no puede continuar porque compromete la existencia de Honduras, algo, y pronto, tenemos que hacer.

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