A raíz del reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que otorgó a los presidentes inmunidad frente a enjuiciamientos por acciones oficiales, la conversación sobre el poder ejecutivo se ha intensificado. Este fallo, que protege a los presidentes de la responsabilidad legal por acciones oficiales, plantea preguntas importantes sobre la necesidad de perdonar al expresidente Richard M. Nixon en 1974. Se podría argumentar que Nixon nunca necesitó ser perdonado, ya que la expansión de los poderes presidenciales lo habría protegido de la acusación.
La decisión de la Corte Suprema refleja un cambio significativo en el equilibrio de poder, favoreciendo al Poder Ejecutivo. Este movimiento se ve como una extensión de la autoridad presidencial, marcando una desviación de la noción de que los presidentes están sujetos a las mismas restricciones legales que los ciudadanos comunes. El juez presidente John G. Roberts Jr., escribiendo para la mayoría, enfatizó que la posición única del presidente requiere tales protecciones para preservar la estructura constitucional. Esta perspectiva se alinea con una tendencia más amplia de aumento del poder presidencial, una tendencia que ha sido evidente desde mediados del siglo XX.
La jueza Sonia Sotomayor, en su disenso, expresó su preocupación de que esta decisión coloca al presidente por encima de la ley, otorgándole efectivamente una prerrogativa monárquica. Este cambio en la relación entre el presidente y el pueblo plantea riesgos significativos para el equilibrio constitucional pretendido por los fundadores de la gran democracia norteamericana. La contención aquí radica en la interpretación de la Constitución y el grado de inmunidad que esta otorga al presidente.
El precedente establecido por este fallo pone en duda las acciones tomadas por administraciones anteriores, particularmente el perdón otorgado a Nixon por el presidente Gerald R. Ford. Después de renunciar para evitar el juicio político debido al escándalo de Watergate, Nixon fue perdonado, deteniendo cualquier investigación criminal posterior. Esta decisión controvertida fue considerada necesaria para sanar a la nación, aunque fue profundamente impopular y probablemente le costó a Ford la elección de 1976.
Reflexionando sobre la postura actual de la Corte Suprema, el perdón de Nixon parece superfluo. Si el Poder Ejecutivo en ese momento se hubiera interpretado como ahora, Nixon podría haber sido considerado inmune a la acusación debido a su estatus presidencial. Esta perspectiva subraya una tendencia histórica de expansión del poder ejecutivo, que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial y la era de la Guerra Fría temprana. Los presidentes de ambos partidos actuaron cada vez más unilateralmente, especialmente en asuntos de seguridad nacional, reclamando derechos constitucionales para retener información del Congreso y los tribunales.
El historiador Arthur C. Schlesinger Jr. acuñó el término “la presidencia imperial” para describir este patrón en su libro de 1973. Nixon personificó este aumento del poder ejecutivo, afirmando célebremente que las acciones presidenciales eran inherentemente legales. Aunque esta tendencia enfrentó un revés temporal a mediados de la década de 1970 debido a Watergate y la Guerra de Vietnam, los esfuerzos para restablecer los controles y equilibrios finalmente se erosionaron por las administraciones subsecuentes, particularmente durante la presidencia de Ronald Reagan.
La decisión de la Corte Suprema, por lo tanto, puede verse como una continuación de esta trayectoria histórica. Al reforzar la noción de que el presidente es una rama de gobierno con poderes y deberes amplios, el fallo implícitamente apoya el argumento de que Nixon, y potencialmente otros presidentes acusados de abusos similares, estaban fuera del alcance de la persecución legal por sus acciones oficiales. Esta perspectiva no solo desafía la necesidad del perdón de Nixon, sino que también plantea preguntas críticas sobre el futuro de la responsabilidad ejecutiva en los Estados Unidos.
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