Los acontecimientos en el cono sur han vuelto a poner de moda a los militares. ¡Quién lo diría!Después de tanta barbarie cometida, tanta brutalidad y tanta estulticia demostrada, uno pensaría que los señores uniformados difícilmente volverían a ocupar un lugar destacado y beligerante en el escenario político de sus respectivos países; pero no ha sido así. Con los inevitables matices y variantes, los militares están volviendo por sus fueros y amenazan, de nuevo, con reconvertirse en la institución factótum de la política latinoamericana.
Pero esto no solo sucede en el sur, también en la parte norte y central del continente acontecen hechos parecidos. Aquí, en Centroamérica, en donde nunca han perdido plenamente su rol arbitral y su vocación tutelar en la política local, los uniformados conservan y, con indeseable frecuencia, amplían y consolidan sus radios de influencia.
En el caso específico de nuestro país, las Fuerzas Armadas, sobre todo a partir de la ruptura constitucional realizada el fatídico 28 de junio del año 2009, han logrado, entre otros, los siguientes objetivos: a) conservar y asegurar los espacios de influencia o control que ya tenían antes del 28 J, herencia bien guardada de los procesos de militarización del Estado, puestos en marcha a partir del año 1963, cuando usurparon el poder mediante un golpe de Estado y frustraron el incipiente proceso de construcción democrática, b) ampliar esos espacios en la medida de lo posible y recuperar los ya perdidos en el proceso de la vacilante desmilitarización, puesto en práctica a partir del año 1994, y, finalmente, c) adquirir nuevos espacios e irradiar su influencia institucional sobre otros eslabones de la cadena estatal.
De esta forma, poniendo en práctica la estrategia de conservar, ampliar y adquirir nuevos espacios, los militares han condenado a la sociedad hondureña a revertir la dinámica de la débil desmilitarización y poner en marcha otra, la de la remilitarización. Esta sustitución de procesos, en la que la desmilitarización pierde fuerza y, al mismo tiempo, cobra vigor la dinámica contraria, la remilitarización, no habría sido posible sin el golpe de Estado de 2009 y, sobre todo, sin la complicidad oportunista y cobarde de buena parte de la mal llamada “clase política” local. Fueron esos denominados “operadores” políticos de las élites, los agentes cupulares de los partidos políticos tradicionales, los que avalaron el rol intervencionista de la institución castrense, auparon a sus generales traidores y, al final, consumaron el mazazo demoledor sobre el débil proceso de construcción democrática en Honduras. Sus nombres, como sus acciones, deben quedar registrados para siempre en la borgesiana “Historia universal de la infamia”.
Actualmente, la sociedad hondureña vive – y padece – un grotesco e inaceptable proceso de remilitarización. Las élites gobernantes no vacilan en estimular y patrocinar este proceso, concediendo canonjías y prebendas de todo tipo a los hombres de uniforme, al tiempo que, consciente o inconscientemente, debilitan o destruyen las frágiles instituciones del país. Ingenuamente creen que al fortalecer a los militares y ser tan permisivos con sus desmanes y ambiciones logran el objetivo de fortalecer las estructuras del régimen y promover la influencia de los políticos civiles. Nada más equivocado y anodino. Al fortalecer a los uniformados, la estructura civil del Gobierno se debilita y erosiona. Al ceder en demasía ante las pretensiones del estamento castrense, las instituciones se vuelven más vulnerables y el aparato del Estado se desnaturaliza y desvirtúa.
No es lo mismo favorecer las ambiciones de un militar determinado que promover el desarrollo y fortalecimiento del militarismo. Los “operadores políticos” de las élites, con la venia del señor inquilino ilegal de la Casa de Gobierno, actúan en ambas direcciones: premian a los jefes castrenses de turno y, al mismo tiempo, facilitan y promueven el establecimiento del militarismo, en tanto que sistema, en la sociedad hondureña. A los ejemplos me remito: la entrega en manos militares del programa de recuperación de la agricultura y el manoseo opaco de millonarios recursos del Estado. Esta decisión, avalada por supuestos “líderes” campesinos, tan oportunistas como lambiscones, es apenas una muestra de la remilitarización de nuestra sociedad. Lo triste es así.
