En caso de un desastre natural, el Estado debe evitar la sustitución que resulta en apropiarse o desplazar algún esfuerzo que hubiese podido partir de la sociedad.
Al enfocarse en dar información y ayudar a coordinar de forma profesional, se logra más contribución tanto nacional como del extranjero.
Otro desafío en el manejo público de desastres es evitar la centralización excesiva.
La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos creaba un mecanismo descentralizado y desconcentrado para la respuesta a emergencias.
Los Comités de Consulta y Mesas Regionales, con amplia participación, ya están previstos en la ley y deben ser implementados.
La acción pública se debe manejar lo más cerca de la necesidad que sea posible, potenciando a los municipios y patronatos. Esta, trabajando con las organizaciones sociales, multiplica la calidad de respuesta.
Otro elemento es el papel que las Fuerzas Armadas desempeñan en el sistema. Estas tienen una capacidad institucional y logística considerable, que debe ser movilizada para la atención de emergencias y desastres.
Su papel se ha ido replegando en esta área, por diversos factores, pero sería de gran beneficio para el país poder dirigirlas más a este servicio de forma intermitente.
El sector de voluntariado también se ira organizando más a medida que continúe avanzando la sociedad.
Es importante que las organizaciones busquen relación con contrapartes públicas a diferentes niveles, especialmente las municipalidades.
No es necesario sea en su misma ubicación, ya que distintos fenómenos se dan en distintas partes del país.
Tener una relación desde la distancia con un municipio, patronato, u organización comunitaria local puede ayudar mucho a una respuesta eficiente.
