El presidente Juan Orlando Hernández asumió hace cien días el mando de una nación sumida en una profunda crisis fiscal, o como él mismo lo expresó: “con un panorama económico muy difícil por los gastos exagerados, que requieren un programa de austeridad que lo fuerce a achicar el aparato gubernamental”.
El deterioro de las finanzas del Estado hondureño se deriva principalmente, como el Presidente lo ha dejado entrever, por la dilapidación de los fondos públicos de los precedentes gobiernos, particularmente de los presidentes Zelaya y Micheletti, y aún de Lobo Sosa, que le han heredado, según cifras de entidades privadas especializadas, un déficit fiscal de 550 millones de dólares, y una deuda externa de alrededor de 4,000 millones de dólares, que ha venido a constituir el gran desafío a su mandato, por lo cual ha tratado de generar más confianza y de convencer a la comunidad internacional que Honduras es un país con muchas bondades en el plano geopolítico que lo hacen merecedor, como destino turístico, y receptor del capital extranjero.
Estos primeros cien días han sido un laberinto de problemas por los gruesos casos de corrupción encontrados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo, Injupemp, Municipalidad de San Pedro Sula, etc., y recientemente en la Comisión pro-Alianza Público-Privada, CO-ALIANZA, al haberse sus directivos aumentado desvergonzadamente sus altísimos salarios bajo pueriles argumentos que lindan con el delito, lo que ha motivado la intervención del Ejecutivo para frenar estos abusos.
En estos primeros cien días de mandato el Presidente ha puesto al país en estado de persecución contra la narcoactividad con el tema de la extradición, que será una herramienta muy eficaz contra los capos de esta mafia; contra la delincuencia común y organizada, y contra la inseguridad, mediante operativos combinados por la Policía Militar, aunque la ciudadanía espera una política de Gobierno más concreta que pueda enrumbar al país en una ruta de paz y prosperidad, lo cual, según lo ha manifestado el presidente Hernández, está en su agenda presidencial.
Se ha ordenado también en aras de la austeridad, la fusión de algunas entidades, el diseño de una política para disminuir los exagerados gastos ordinarios en el funcionamiento del Gobierno, abolir los cargos inventados por las precedentes administraciones, así como para regular los sueldos de los funcionarios del Estado.
En un país tan desamparado como Honduras y atrapado en una espiral de violencia y crimen, deseamos al Presidente en el resto de su gestión, la toma de decisiones firmes como las ha tomado hasta ahora en los temas relacionados, para que se genere un entorno de satisfacción ciudadana y bien común.
