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Lista Engel

  • Actualizado: 25 julio 2022 /
Sergio Banegas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo pública la denominada “Lista Engel” que hace alusión y señalamiento a los actores políticos corruptos y antidemocráticos de Centroamérica.

En el caso de Honduras la lista hace referencia a quince ciudadanos y ciudadanas hondureños/as, quienes cometieron, según el Gobierno estadounidense, actos reñidos con la ley y con implicaciones de corrupción en la administración pública.

Estados Unidos tiene sus propias políticas internacionales que para muchos es injerencista, para otros no, cada quien lo observa según le convenga en el momento. Por ejemplo, para los funcionarios del actual gobierno las listas de los años anteriores eran una vergüenza nacional y mostraban el resquebrajamiento del Estado de derecho, pero la actual es sesgada y con errores de percepción.

De hecho, la incoherencia es como el factor común denominador en las relaciones internacionales, en la gestión interna de los gobiernos, y aun de los ciudadanos: los que antes callaban los latrocinios como aletargados y taciturnos hoy se paran en las azoteas para denunciar inacción gubernamental, y los que otrora se tomaban las calles en oposición, hoy gobiernan en su propio paraíso inventado.

Así que aun las listas no deben observarse como la última palabra de transparencia internacional ni tampoco demeritarla a ultranza de los intereses políticos: se trata de tener justo balance. Nos podríamos preguntar, ¿por qué salen hasta el 2022 funcionarios de administraciones de hace más de 12 años?

Lo ideal es el combate a la corrupción in situ, en el acto que permita una persecución penal inmediata que ponga freno a las colusiones oscuras, de otra formas siempre estaremos comprobando que “la justicia tardía nunca será justicia”.

Esta no será la última de las listas, vendrán más en el futuro. Al final lo importante no es el señalamiento internacional o el “quitar una visa” ya que eso les resbala a nuestra clase política; lo importante debe ser la construcción de un Estado de derecho que responda a las grandes demandas de justicia social del pueblo: ¿lo estamos haciendo?