Es función de los custodios del Estado evitar problemas prevenibles y buscar solución permanente para los ya existentes.
El problema de las placas vehiculares (en su adquisición y dotación) ha sido continuo a lo largo del tiempo, siendo visto por la opinión pública como un negocio opaco, asignado con criterios distintos al interés público.
Las placas, cuando las había, costaban 500 lempiras el par (más de US$20), como un producto, excluyendo costos de registro y tasas vehiculares que se pagan de forma paralela.
Al ser manejado como un fideicomiso de tasa, al Estado no le quedaba ninguna utilidad de estos L500 (fuente 1).
Esto sin considerar un servicio errático y una dotación no garantizada.
En Estados Unidos hay costos variables, pero las placas generalmente oscilan entre $4 y $8 cuando se cobran las mismas aparte (fuente 2). Entonces están pagando los usuarios una cantidad de menos de la mitad de lo que se cobra en Honduras (con los valores viejos).
Este es el valor de venta en Carolina del Norte: el costo por placa para el Estado es de $1.62 ($3.24 por un par (fuente 3).
Aun considerando que es una empresa pública, con fuerza laboral penitenciaria, hay una gran diferencia en costo con lo nuestro. En todo caso se trata de empresas públicas donde el diferencial le queda como utilidad a la sociedad.
Tenemos un sistema insatisfactorio y caro.
Repetir esquemas de licitación en condiciones similares nos dará los mismos resultados.
Existen dos formas posibles de resolver este problema, cada una de las cuales es muy superior a lo que tenemos en la actualidad: o creamos una fábrica pública de placas o licenciamos proveedores particulares para que estos las imprimen y entreguen.
