El involucramiento de la fuerza armada del Estado como soporte de la acción política de los gobiernos es una tentación muy fuerte.
Esta se da primariamente en los casos en que un gobierno está intentando hacer crecer sus capacidades o se encuentra bajo amenazas crecientes. Tener a la mano un recurso organizado, comprometido con la obediencia a la autoridad, con importantes capacidades ejecutivas y posiblemente con un alto capital social, incita el deseo de los gobernantes de utilizarlo para sus fines. El riesgo es que, al hacer uso de este para estos menesteres, se puede contaminar y afectar tanto sus intereses institucionales como los públicos. Es importante estudiar cómo se han dado estos casos para derivar lecciones e intentar prevenirlos.
Los estados antiguos no hacían distinción entre el militar y el civil. El ciudadano romano tenía la condición de soldado de forma automática y los mandos militares se alternaban con los civiles en una carrera de liderazgo.
El estado medieval era militar en su naturaleza, ya que la naturaleza original del servicio feudal por el cual se asignaban tierras era el de las armas.
Con el origen de la modernidad, se fue independizando la esfera civil de la militar. Los británicos fueron los primeros en clasificar claramente la exclusión de la esfera militar del ámbito político (después de haber tenido un gobierno militar bajo la república inglesa de 1649-60), definiendo claramente que el ejército solo podía existir bajo autoridad parlamentaria, prohibiendo al ejecutivo levantar tropas sin su autoridad. Los Estados Unidos heredaron estos principios y los aplicaron a su constitución, agregando además la ley de Posse Comitatus (1879) prohibiendo el uso del ejército en el cumplimiento de legislación interna.
