No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, dice el refrán popular. Pero tampoco hay peor interlocutor que el que no quiere entender. El que no quiere aprender de las lecciones ajenas, de los ejemplos, cercanos o distantes, pero ejemplos al fin… Lo que los expertos suelen llamar “lecciones aprendidas”.
En El Salvador, ahí nomás, hay una institución muy seria y respetable que se llama Unidad de Investigación de la Opinión Pública (Uidop), adscrita a la Universidad Centroamericana (UCA), centro académico de los Jesuitas, para más señas, que se dedica, entre otras cosas, a evaluar los estados de opinión entre los salvadoreños ante los principales temas de la agenda nacional en aquel país.
La Uidop acaba de publicar el estado y evaluación de las políticas (o medidas) de seguridad puestas en práctica por el gobierno de Mauricio Funes (2011 – 2014) que acaba de concluir en el país vecino.
De acuerdo con esa evaluación científica, durante el periodo del gobierno que encabezó el periodista Funes, “la participación de militares en tareas de seguridad pública incrementó en un 231 por ciento y… (al mismo tiempo) “la confianza pública otorgada a la Fuerza Armada de El Salvador (Faes) decayó en el 2011.
Entre 2009 y 2011, las denuncias ciudadanas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) contra miembros del Ejército aumentaron en un 537%”.
Veamos más datos concretos: En el año 2008, los militares que participaban en acciones de seguridad pública, tarea que debería estar asignada a los policías, sumaban la cantidad de 1,975 entre agentes y oficiales.
A finales del año 2009, es decir un año después, esa cantidad había aumentado a 6,500, en base a un decreto legislativo que autorizaba la participación de los militares en “operaciones conjuntas” con las fuerzas policiales.
Para este año 2014, el número de soldados convertidos súbitamente en policías ha subido a la suma de 11,200. La tendencia, por lo tanto, ha sido hacia el ascenso y, por lo mismo, hacia una creciente “remilitarización” de la tarea policial.
Los resultados no han sido los esperados. Los investigadores del Uidop, que durante al menos dos años se han dedicado a revisar minuciosamente los datos, concluyen que el balance es negativo. Valdría la pena, por supuesto, conocer más en detalle los vericuetos de la investigación llevada a cabo por la universidad jesuita, a fin de aprender un poco más de las lecciones ajenas, los problemas y dificultades derivados de una experiencia que, además de ser cercana y vecina, es muy similar a la que nosotros, aquí en estas honduras, estamos viviendo.
Aprender de los demás, no solo es útil y necesario, es también una forma inteligente de gestionar los problemas que afrontamos.
Si no somos capaces de estudiar y analizar con espíritu crítico las experiencias de otros países, sobre todo si son cercanos y parecidos, en el tema de la seguridad pública (como en otros temas y asuntos de la agenda nacional), no seremos capaces de aprender nada, de utilizar las experiencias ajenas para corregir nuestros errores y diseñar las estrategias adecuadas que nos permitan tener éxito en el combate contra la criminalidad.
Siempre he creído que en el tema de las pandillas o “maras”, por ejemplo, El Salvador es el espejo adecuado en el que debemos vernos reflejados.
La evolución que ha tenido este fenómeno en el vecino país es algo así como la antesala, desde una perspectiva de desarrollo histórico, de lo que nos está pasando en Honduras.
La creciente “corporativización” de la antigua pandilla, su lenta y gradual reconversión en grupo de poder fáctico informal, su metamorfosis siniestra, en el peor estilo kafkiano- de núcleo artesanal de delincuencia en estructura organizada del crimen- son fenómenos que, aparte de despertar el interés académico y sociológico, deberían motivar la preocupación analítica de los cuerpos de seguridad del Estado y el interés de la sociedad.
La militarización de las políticas de seguridad (o remilitarización, para ser más exactos y precisos, sobre todo en nuestro caso) no es la solución al problema.
Es al revés, la fórmula idónea pasa por la “desmilitarización” de los cuerpos policiales, su depuración radical, descendente y profunda, y, sobre todo, por la implantación de una verdadera cultura y práctica de policía comunitaria en las políticas de seguridad pública en Honduras. Eso es lo que la vida propia, y la experiencia ajena, nos enseñan.
