Una de las bases fundamentales para el desarrollo de un pueblo es la plena vigencia de la garantía de la vida y la seguridad. En Honduras, sin embargo, la criminalidad se ha enseñoreado desde que ocurrió el fatídico golpe de Estado de 2009, pues a partir de entonces a las bandas criminales que había en el país se sumó la fortaleza que adquirieron las maras, la introducción del narcotráfico y el involucramiento de algunas dependencias del Estado en la criminalidad y la participación en las pandillas -activamente o brindándoles seguridad- y la participación en el narcotráfico por parte de algunos altos funcionarios del Estado. La impunidad que hasta ahora gozan los sujetos encargados de la ejecución del golpe de Estado, la ineficacia y complicidad de la Policía, el engavetamiento de muchos expedientes en la Fiscalía o su destrucción y el actuar inmoral de muchos jueces, crearon un paraíso fértil para el fortalecimiento de la delincuencia en todas sus manifestaciones y con participantes de todos los estamentos sociales del país. Muchos conciudadanos, agobiados por la pobreza y el abandono por parte del Estado, vieron en su incursión en la delincuencia una forma de salir de sus apuros económicos y muchos cayeron en el ejercicio de sicariato para hacer justicia al margen de los organismos estatales destinados a hacer justicia oficial.
A cambio de unos miles de lempiras acabaron con vidas inocentes unas y otras involucradas también en la delincuencia.
Pepe Lobo, que llega a la presidencia por la negativa de una gran parte de la militancia liberal para participar en las elecciones, había propuesto en su campaña anterior, en la que salió perdedor, la pena de muerte como solución a los problemas de la criminalidad que ya comenzaba a convertirse en un dolor de cabeza para la hondureñidad. Cuando asume la presidencia, Lobo instauró la Tasa de Seguridad que afectaba los ahorros y las transacciones bancarias. El impuesto se decretó de manera transitoria, pero esa transitorialidad se convirtió en permanente y, lo más grave, los dineros recaudados no fueron destinados realmente a la lucha en contra de la criminalidad y la delincuencia sino que se convirtieron en una fuente de corrupción de la que participaron altos cargos estatales hasta instituciones, como las de seguridad, enganchadas en los negocios turbios que se mantenían incólumes con el amedrentamiento y la criminalidad. La Tasa de Seguridad, por tanto, se convirtió en la caja común a la que acudieron los corruptos para apoderarse de los dineros que el pueblo aporta para que el Estado tome las medidas adecuadas para la preservación de la vida y la seguridad de los ciudadanos. Esa fue la razón por la que la criminalidad y el involucramiento de Honduras en el narcotráfico a gran escala se fortaleció de tal manera que se nos situó, como país, en el puesto de los de más alta criminalidad en el mundo.
¿Será, entonces, justo que sigamos pagando esa Tasa de Seguridad, que más bien debería de llamarse de inseguridad, frente a los desastrosos resultados que se han obtenido de su manejo deshonesto y corrupto, cuando en las páginas de los diarios de Honduras vemos que los asesinados proliferan por todas partes del territorio nacional, con el agravante de que los asesinados ahora se hacen atacando a grupos de personas, entre las cuales, indudablemente, se encuentran inocentes, mujeres y niños. Si quienes son responsables de la ruptura constitucional, como acontecimiento clave para que la delincuencia se fortaleciera, se mueven libremente por la geografía nacional sin que haya acusación alguna en contra de ellos, si muchos son los responsables de los mayores atracos cometidos al fisco nacional, sobre todo a la Tasa de Seguridad, aún ni siquiera se les han abierto expediente para la investigación, y si seguimos esperanzados que los Estados Unidos haga justicia por nosotros, entonces, Honduras irá perdiendo paulatinamente su capacidad para funcionar como Estado capaz de responder a la población para satisfacer sus necesidades básica, para empezar, porque a lo que debemos aspirar es al desarrollo que incluya a todos los niveles de la hondureñidad sin excepción mediante la erradicación de la miseria y la pobreza que nunca fue vista por los regímenes democráticos que se instalaron a partir de Rosuco. Y, por supuesto, la derrota de la criminalidad.
El peligro de no hacer lo debido es que el pueblo llegue la desesperación y clame por un Bukele o por la elección de extravagantes que proponen soluciones mágicas, pero que son nada más que engaños y nada más que eso.
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