El estado de excepción es una herramienta constitucional que otorga ciertas facultades extraordinarias al presidente de una nación para superar circunstancias igualmente extraordinarias. Por lo general puede tratarse de una agresión, un conflicto armado internacional o interno, una calamidad pública, un desastre natural, etc. Como vemos a la base de esta acción se encuentra el derecho y la obligación que tiene el estado de garantizar a la ciudadanía el orden público. La realidad es que la situación actual en el país no es para menos. El delito de extorsión, el llamado “impuesto de guerra”, y el sicariato a manos del crimen organizado que desborda la capacidad de las autoridades han obligado al gobierno a tomar acciones extremas que a muchos les parece pertinentes, mientras que a otros, excesivas. Lo cierto es que no podemos perder de vista que solo se trata de una herramienta de emergencia, un freno de mano ante la vorágine criminal en la que Honduras está sumergida. Pero de ninguna manera un estado de excepción, una maniobra militar o la supresión de derechos, servirá como solución a largo plazo a una situación tan compleja como el que se intenta abordar. Si esta conciencia no está presente en la mente y la intención del gobierno hondureño, estaremos presenciando de nuevo la sutura y el maquillaje de una herida infecta, que más tarde supurará, volviendo la bacteria más virulenta y mortal. Al mismo tiempo, como ciudadanos responsables, solidarios, pero sobre todo como sociedad cristiana, tampoco podemos perder de vista los efectos colaterales que una medida como esta pueden traer. La discriminación, la estigmatización de algunos sectores de la sociedad por el simple hecho de vivir en algunas zonas que se consideran peligrosas. El abuso de la autoridad y el rechazo a los menos favorecidos son solo algunas consecuencias que podrían agudizarse con esta medida, si no se intenta trabajar en el núcleo del problema, que no es otro que la pobreza. En Honduras el 73% de la población es pobre y de ellos más del 53% viven en pobreza extrema. Eso significa que más de cinco millones personas, de las 9.5 que viven en el territorio, subsisten con menos de 1.25 dólares al día. El papa Francisco nos recuerda que: “Hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad [...] será imposible erradicar la violencia”. La inequidad es el caldo de cultivo de las distintas formas de la agresión y, es el sistema social y político injusto, la verdadera, la raíz del problema de una sociedad violenta. Por eso todo aquel que, argumentando seguridad, pide violencia para acabar con la violencia, terminará estigmatizando a los más pobres y, haciendo victimarios a las víctimas (Cfr. EG 59). Es necesario que no solo el gobierno, sino también las fuerzas vivas de nuestra sociedad, salgan del letargo en que se encuentran. Porque si no estamos dispuestos a invertir en la educación, la salud, la familia, en generar oportunidades de empleo justas, crear las políticas adecuadas para la inversión, y luchar contra la corrupción, únicamente estaremos levantando las paredes de nuestra propia cárcel.
