Desde hace muchos años el mismo Gobierno, las organizaciones empresariales, los dirigentes sindicales, para mencionar, algunos lo saben; nadie puede fingir ignorancia: las entidades públicas compran con un sobreprecio injustificado. Se compra muy caro resultado de la corrupción, de los trámites engorrosos y de la ineficiencia de las mismas instituciones. En promedio, la adquisición de un producto, de un servicio o de una obra pública resulta hasta treinta por ciento más caro en comparación con la misma transacción hecha entre dos empresas privadas. Y existen procesos de compra que pueden ser hasta 100% más caro.
Esa es la historia cuando se trata de la adquisición de vehículos, de medicinas, de energía eléctrica, de computadoras, de equipos médicos y de oficina, cuando una institución pública firma un contrato de mantenimiento o cuando se construye un edificio para el Gobierno.
Así son las cosas y por allí salen miles de millones de Lempiras que eliminando ese sobreprecio podrían ser utilizados para fines de suma importancia. Pero reitero, aunque todo el mundo lo sabe, nadie desde el Gobierno, ni desde la empresa privada ni desde la sociedad civil hace algo contundente para combatirlo. En definitiva se trata de mucho dinero y de muchos intereses en juego que engrosan el patrimonio de los funcionarios corruptos, que se convierten en lucrativos negocios para algunas empresas.
Según la liquidación del Presupuesto para el año 2012, en el Gobierno central el gasto por concepto de adquirir materiales, suministros y servicios fue alrededor de 10 mil millones de Lempiras. Por otro lado, 7 mil millones se destinaron a gasto de inversión. Agregado a esto viene el gasto de consumo de las instituciones descentralizadas por 24 mil millones y la inversión en activos por 3.6 mil millones. Lo anterior representa una suma manejada con criterios que no están ceñidos a la eficiencia y que sometidos a estrictos principios de ética se reducirían sustancialmente. Si se estima el sobreprecio del 30% en todos estos rubros, entenderemos que no es necesario castigar al consumidor ni al empresario honesto. Una política pública de combate a la corrupción y mejorando la gestión de las instituciones que redujera este sobreprecio liberaría al menos 13 mil millones de Lempiras anuales. Pero cada vez que es necesario buscar recursos nadie piensa en cómo enfrentar este problema. De manera sospechosa se insiste en que el Estado está al borde del colapso, que solamente queda aumentar los impuestos, endeudarse más y recortar el gasto en áreas que sí merecen la atención.
El ciudadano espera ver al Gobierno haciendo algo permanente y efectivo en contra de este fatal sobreprecio que en definitiva lo pagan ellos mismos. Nos gustaría escuchar a los miembros del COHEP y de los demás gremios de la empresa privada comprometidos activamente con prácticas empresariales más congruentes con estos principios de eficiencia. Sería un cambio verdadero que los operadores de justicia persiguieran verdaderamente estos crímenes y que la sociedad civil se enfocara más en sensibilizar y denunciar estas prácticas que tanta hambre generan.
