El poder público se legaliza mediante las elecciones, pero se legitima cuando sirve al pueblo y produce los mejores resultados. Cuando es incapaz de dar libertad a sus ciudadanos, y si estos no pueden vivir sin temor a la dominación para impedirles hacer lo que está permitido, el poder no sirve para nada. Por ello es importante identificar las señales de la debilidad de esta capacidad de servicio para enmendarlas de inmediato, pues el poder gubernamental que no sirve, no sirve para nada. Desaparece su legitimidad, incluso para existir.
Viendo la operación del Gobierno actual se concluye que es legal, surgido de la voluntad popular, expresada en las urnas. Pero sus debilidades preocupan porque son indicaciones de su incompetencia para legitimarse. Hay cuatro momentos a los que vale prestarles atención. Posiblemente el primero es el más doloroso: el abandono por más de cien familias de la colonia Villanueva, huyendo de la peligrosidad de las maras y la Policía ayudándoles a cargar y conducir sus pertenencias. El segundo es la falta de ejecución del gasto presupuestario por parte del Gobierno, debido a la infantil voluntad de modificar los sistemas de pagos y canalización de recursos, bajo el argumento de que todo lo que hizo el Gobierno anterior es malo y, por ello, hay que cambiarlo. En tercer lugar, el aumento del desempleo por el freno a la inversión, bajo el supuesto de que el Gobierno debe eliminar todo aquello que pueda favorecer a las personas que no forman parte de sus clientelas subordinadas y, en cuarto lugar, la existencia de un sistema migratorio que discrimina incluso en contra de quienes vienen a ayudarnos, con sus conocimientos y recursos, a reducir las injusticias de la pobreza. Estas cuatro evidencias tienen que preocupar a los gobernantes, ya que si no se vuelve eficiente el sistema público de entrega de servicios, se pone en peligro la libertad de la ciudadanía. Y al perder esta, la justificación del Gobierno desaparece y, en consecuencia, se admite el cambio del Gobierno, bien en elecciones o por los medios que determinan las modernas legislaturas. Entre nosotros, por las rutas que establece la Constitución y que son responsabilidades del Congreso Nacional.
Lo contrario, hace creer – y esta es la idea que prevalece como justificadora en la actual camarilla política gobernante —que una vez en el poder desaparece la soberanía popular porque los ganadores de las elecciones pueden hacer lo que les da la gana. Bartolo Fuentes acaba de declarar que hay que sacar a todos los funcionarios públicos porque fueron nombrados por la dictadura, y el diputado Rivera y los dirigentes de los “colectivos” se sienten autorizados para la toma de oficinas, exigiendo nombramientos o destituciones. Los diputados, una vez elegidos, solo tienen obligaciones que derivan de su calidad de legisladores, en ejercicio de la voluntad de sus respectivos departamentos.
Buscar empleos e, incluso, gestionar proyectos para sus comunidades no es su función real y objetiva. Los diputados tienen el deber de revisar la gestión pública en su departamento y a nivel nacional para racionalizarla y hacerla eficiente. Cada diputado debe valorar si el Gobierno cumple con sus obligaciones, es decir, da seguridad a la población. Pero si solo se preocupa por la propia, exigiendo autos blindados, pero descuida el miedo que sus electores experimentan ante el crecimiento de la delincuencia, la falta de empleo, el incremento de los costos de su nivel de vida, las deficiencias de los servicios como educación, salud y sistemas de transporte, así como la honestidad y transparencia de los funcionarios en el desempeño de sus tareas que permiten a los creadores de riqueza, es decir, los particulares, generar empleos y riqueza, estos, los ciudadanos, en forma independiente, deben negarle su respaldo en las próximas elecciones.
Contar con fondos para comprar y complacer a sus clientelas particulares, haciendo de la función pública un botín para los triunfadores en las elecciones, constituye una aberración que conspira en contra de la voluntad popular y ofende la base que sostiene la soberanía nacional. Incluso, descuidar la continuidad de la operación pública, la falta de resultados concretos – no tanto el incumplimiento de las promesas electorales, que es tarea ciudadana— es la mejor forma de faltar a sus deberes y obligaciones.
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