El alcalde del municipio de Copán ha reunido un cabildo abierto para tomar algunas decisiones que son verdaderos ultimátum a las autoridades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), institución encargada de velar por el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la nación. Las exigencias que plantean son totalmente descabelladas porque el señor alcalde no sabe, quizá o se hace el santandereano de Jalisco, que el Instituto se rige por una ley, aprobada por el Congreso Nacional, y que para acceder a sus peticiones hay que ponerse al margen de ese estatuto jurídico. Envalentonado por el respaldo que le dieron los asistentes al cabildo abierto, a quienes seguramente desinformó y manipuló con datos incorrectos, en el número 14 de sus demandas amenaza al Instituto en el “caso de no tener una resolución de cumplimiento de estos acuerdos [los ciudadanos de Copán] autorizan a la Corporación Municipal para que tome la administración del parque arqueológico y museos de Copán Ruinas”. Esta amenaza debe el Instituto turnarla a la Fiscalía para que ponga autos en el asunto y advertir de los daños que podrían producirse en las pertenencias del pueblo hondureño que se conservan en el Parque Arqueológico de Copán y en los museos.

Por las informaciones que tengo de documentos que están en los archivos de Copán, el señor alcalde de Copán está acusado de haber destruido un sitio arqueológico monumental, en donde se ubica un juego de pelota y una planta residencial, en una propiedad suya en la aldea Mecatal del municipio de Santa Rita, todo para poner unos bebederos de agua para su ganado. De esta suerte, el munícipe no es la mejor figura como para hacerse del cuidado de los sitios arqueológicos de Copán, los que están en el Parque y los que están diseminados en el valle de Copán que, por ley, son propiedad del pueblo aunque estén localizados en propiedad privada. Si esta amenaza del alcalde de Copán se materializara, con esos antecedentes, es como que los copanecos pusieran al lobo a cuidar el corral de ovejas, porque no sería improbable que llevara a sus vacas a pastar en la Plaza Ceremonial de Copán. El alcalde, por lo que se ve, quiere curarse en salud y arremete en contra del Instituto porque había en contra la firma de un convenio con un Museo en Nueva York, que no llegó a firmarse, para hacer una exposición con piezas hondureñas de Copán, de Guatemala y de México. El convenio traía grandes beneficios para el país, en primer lugar porque un gran porcentaje de los visitantes a la exposición en Nueva York iban a querer venir a ver Copán, asunto que traería beneficios turísticos a los pobladores de Copán y a la alcaldía, además había el compromiso de prestar asistencia técnica mediante la formación de personal y con la cooperación en las excavaciones y los estudios arqueológicos en el valle de Copán y otros más.

Para eso el alcalde indujo al pueblo de Copán para que pidiera cosas absurdas: el 50% de los ingresos del Parque Arqueológico, situación que pondría en aprietos al mismo parque porque sus ingresos no son suficientes para saldar las erogaciones que produce la instalación arqueológica; esto además daría pie para que las otras municipalidades que tienen centros bajo la tutela del Instituto hagan la misma solicitud, situación que conduciría al Instituto a la quiebra porque además sus ingresos son muy deficientes; quieren un delegado en el Consejo Directivo del IHAH, aspiración que reclamarían las otras municipalidades con sitios; quieren también que el IHAH consulte a la municipalidad nombrar el personal del parque y los museos; que el IHAH consulte a la municipalidad sobre las decisiones internas que tome en torno a Copán. Y otras más que no tienen pie ni cabeza, con pocas excepciones que son realmente razonables y que en verdad se llevan a la práctica. No deja de ser alarmante que una comunidad se quiera convertir en árbitro y ejecutor de las acciones que competen, por ley, al Instituto Hondureño de Antropología e Historia, a estas autoridades municipales, con el cuento de que les respalda el pueblo, y que quieran imponer por medio de la amenaza peticiones que no caben. Los ciudadanos todos sabemos que el cumplimiento de la ley es el camino de la paz y el desarrollo. Abusar de sus lineamientos y de sus estipulaciones es ir por el camino torcido y amenazar es constituyente de un delito.

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