A los hondureños que residen en los Estados Unidos sin estatus legal les está lloviendo sobre mojado por las duras políticas antiinmigración del presidente Donald Trump, quien en una especie de alucinación quiere, según lo expresó en uno de sus habituales tuits, cerrar sus fronteras por un tiempo para asegurarse un mejor control fronterizo, a la par de su idea loca sobre la construcción de un muro divisorio.
Primero fue la cancelación del Daca que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes, entre estos, unos 17 mil hondureños que se han beneficiado de un permiso para trabajar y para residir en el país. Esta cuestión se ha instrumentalizado políticamente y los esfuerzos por sancionar una ley que regularice a los “soñadores” no ha prosperado, más bien se ha introducido una demanda liderada por el Procurador General de Texas para anularlo bajo el criterio de que se trató de una amnistía ilegal del presidente Barack Obama al atribuirse facultades que solamente las tiene el Congreso de la nación.
Después vino la cancelación del TPS, que deja en el limbo y en la desesperanza a unos 45 mil catrachos y sus familias que se han beneficiado con dicho programa. Quienes tendrían hasta finales de 2018 -si califican- para regularizar su situación migratoria, para preparar su regreso a Honduras o para quedarse en las sombras perdiendo todo lo que hasta la fecha han logrado, y quedar al borde de la deportación.
Ambos grupos estarían integrados por unos 62 mil hondureños cuyas remesas constituyen una importante generación de divisas, una especie de capital o recursos privilegiados para las finanzas de nuestro país, y que, si fueran mejor gestionadas podrían contribuir, además, a superar nuestras condiciones de vulnerabilidad social y la precariedad económica, que, precisamente han sido la principal motivación de nuestros connacionales para abandonar el país en la búsqueda de trabajo y una mejor calidad de vida.
Indudablemente que la cancelación de ambos proyectos migratorios impactara no solamente en Honduras, sino que también en algunos países centroamericanos, originándose con ello una crisis económica y humanitaria. El país no está preparado para recibir este flujo migratorio, por más que el Gobierno indique lo contrario y el Presidente de la república exprese que lo hará “con los brazos abiertos”. En vez de estas palabras vacías, se requiere más oportunidades de trabajo, formular una política pública más coherente de protección laboral, fortalecer las capacidades de las instituciones públicas del país para poder ofrecer a los hondureños que retornan mayores oportunidades educativas, de seguridad social básica, y acceso a la salud.
