Con una diáspora de más de un millón de hondureños en el exterior existe una urgencia creciente de brindarles los servicios consulares de manera más eficiente, económica y ordenada. La oportunidad de mejora y de crecimiento en los servicios consulares (con visitantes y empresas extranjeras que buscan hacer negocios en nuestro país), son importantes.
Los avances tecnológicos son considerables: firmas electrónicas, documentos en la nube, biometría (fotografía y huella) ya incorporada al censo, validación de identidad por vía de aplicaciones, pagos electrónicos, y otros relevantes.
El ahorro en tiempo, incomodidad, y dinero (puesto que los tramites electrónicos pueden ser menos costosos), para los compatriotas serían considerables y facilitarían el arraigo y la transmisión de este a sus descendientes si hay facilidades de mantener los lazos legales con Honduras.
Para el Estado representaría un ahorro considerable de recursos, ya que toda la atención se podría brindar desde Honduras. Esto reduciría considerablemente la necesidad de cobertura en los consulados, y liberaría al personal restante para las actividades que requieren presencia como ser la protección de los derechos de nuestros migrantes (siempre se requiere una cobertura consular suficiente, pero efectiva).
Es más fácil además evitar abusos y corrupción, ya que todos los pagos serían en línea e ingresarían a la tesorería general de la república. Es más fácil supervisar la integridad del proceso y evitar que alguien venda pasaportes o cometa otro tipo de dolo sin relación personal con el interesado, con un sistema en línea donde todo queda documentado, y operando bajo un supervisor inmediato.
Buscando modelos a nivel mundial, vemos que muchos de estos servicios son brindados en varios países. Sin embargo, la adopción ha sido en muchos casos parcial ya que las burocracias se oponen a reformas que resulten en la reducción de sus emolumentos y privilegios. Habrá intereses consolidados qué se opondrían a una reforma de este tipo, pero son mucho más importantes el beneficio de la población y la eficiencia del Estado.
