Es necesario un plan maestro de desarrollo vial a largo plazo, definiendo las vías y sus ensanchamientos. Dentro de este plan se pueden permitir modificaciones, pero no la conversión de lo requerido para el uso del público en un bien particular.
Generalmente, los créditos de impuestos serán suficiente para pagar la compra de la tierra (a su valor antes de iniciar el proyecto, según su valor declarado), y la plusvalía de un desarrollo sostenible le excederá por mucho.
Este plan maestro permitiría la afectación de los espacios requeridos para las vías futuras con mucha anticipación para evitar que se especule con la misma.
Es decir, el proceso de expropiación debe iniciarse de forma inmediata con la aprobación del plan para evitar una inflación artificial del costo de la tierra. La plusvalía inmediata de los demás predios de la propietaria más que compensará este costo. Esto aplica también a las carreteras, tanto existentes como rectificaciones de trazo y nuevas, el transporte de agua, vías férreas, áreas para parques y reservas naturales.
La legislación se debe fortalecer para permitir que la autoridad pueda actuar con celeridad y con seguridad jurídica en sus acciones. Existe legislación y se le han hecho refuerzos (ejemplo: Cuenta del Milenio), pero esta ha sido insuficiente para garantizar el interés social. Aquí ha resultado que no solo la expropiación para uso público es difícil, sino también revertir las usurpaciones de los que ya estaban en poder legal del estado.
Cualquier ocupante de derecho de vía, habiendo tomado posesión ilegalmente, puede pelear por una indemnización y evitar su evicción indefinidamente. Se debe prohibir posteriormente (y anular) cualquier remedida hacia los derechos de vía públicos, incluyendo todos los actuales.
