Por más que lo disimulemos, que el principal ingreso nacional sean las remesas que envían los pobres desde el exterior confirma el fracaso del modelo agroexportador vigente, lo que obliga a su modificación. Las exportaciones agrícolas han sido desatendidas, con la excepción del café, cuya expansión es un éxito relativo. Hemos fracasado en la explotación de la madera en forma estrepitosa, el banano ha dejado de importarnos, las maquilas no han avanzado hacia campos más especializados y menos competitivos y nos regodeamos ingenuamente con los call center. Seguimos maquilando ropa y, aunque da empleo, enfrentan una competencia para la cual el modelo no tiene capacidad de respuesta.

Las crisis de los Estados Unidos nos afectan mucho y los tiempos de bienestar, como los actuales, el aislacionismo de Trump no nos ayuda. Incluso cuando los factores externos son buenos, rebaja del petróleo y disminución de las tasas de interés en Estados Unidos, no tenemos capacidad para aprovecharlos.

Una nueva política económica tiene que tener reglas muy claras: los productores son los empresarios privados, al margen del volumen de sus operaciones o el número de empleados con que contribuya a la comunidad laboral. Los trabajadores deben ser actores que participen de alguna manera ascendente también en las utilidades, y el papel del Gobierno es el de facilitador que estimula y anima los aumentos en la producción y la productividad, premiando a los que crean empleo y sostienen al ya establecido. De forma que, en vez de carga insoportable, como lo es, no estorbe con exageraciones burocráticas ni, mucho menos, le quite el dinero a los empresarios y a los trabajadores para pagar los gastos de una burocracia ineficiente, poco comprometida con el destino nacional y más bien interesada en sus propios intereses y beneficios.

Asimismo, hay que romper los nudos del mercantilismo, que algunos empresarios se aprovechan de la embriaguez del sector público. El régimen de contratos entre compadres, financiadores de campañas electorales y obtención de beneficios para la ejecución de obras públicas o ventas de capital deben terminar. Y para ello hay que introducir una nueva moral pública –obligatoria para políticos, empresarios y burócratas nacionales o extranjeros–, forjar una ética que justifique el éxito, transparentando los logros, sin caer en los excesos –típicos de los criminales– que entran por la puerta fácil del despilfarro. Hay que estimular el ahorro, que permita crear una fuente de capital originario que facilite la reinversión, misma que debe ser premiada y considerada en las estrategias de promoción de inversiones.

Tenemos un sano sistema bancario que aprovechar y un sistema de vigilancia bastante confiable. Solo nos hace falta un mercado de capitales que palanquee las inversiones en las empresas más rentables.Hay que cambiar el modelo de gobierno, que haga posible una clase empresarial más libre, en un ambiente de seguridad jurídica, sin la cual es imposible desarrollar al país. Si seguimos haciendo las mismas tonterías e hipocresías, criticando sobre la mesa, mientras intercambiamos cartas marcadas bajo la misma, el país seguirá caminando hacia la pobreza y la desaparición.