Lo propio del Estado moderno ha sido siempre el de administrar justicia distributiva. Que no es más que procurar satisfacer las necesidades de los diferentes sectores de la población a partir de los recursos que logra recaudar del mismo pueblo.
Y pueblo debe entenderse, no a partir de una definición maniqueísta y con cierto tinte marxista, y, por lo mismo, anacrónico, sino como todo el conglomerado que conforma una nación, no importa el lugar que ocupe en el proceso de producción, el nivel educativo o la ubicación territorial. Todos los habitantes de un país son pueblo, y todos necesitan y deben ser atendidos.
Dividir a los miembros de una sociedad en pueblo y no pueblo o antipueblo, huele, políticamente, a naftalina y es un verdadero error perseverar en semejante tontería.
Lo que sí es cierto es que, en cualquier país del mundo, hay un sector, más o menos amplio, que presenta mayores necesidades, que ha estado históricamente postergado y que, por lo mismo, debe ser atentado prioritariamente. Es un asunto de atención y respeto a la dignidad de la persona humana.
Cuando se dice que hay hombres o mujeres que viven en condiciones infrahumanas, se está denunciando que hay hombres y mujeres que llevan una existencia poco digna, que carecen de los servicios educativos y sanitarios esenciales para desarrollarse integralmente, que la estructura social parece desconocer que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría y que la equidad es un bien a perseguir con urgencia.
La administración de justicia distributiva, de la que se hablaba al principio, no es fácil. Antes que nada porque se corre el riesgo de ceder a la tentación de quitarle al que tiene para darle al que no, y así se puede caer en la trampa de distribuir pobreza y no riqueza, y es eso último lo que se pretende.
Cargar a la clase media, por ejemplo, para beneficiar a los que menos tienen, puede llegar a ser un harakiri económico. Porque, hoy por hoy, si hay estrato social que le da equilibrio y estabilidad a cualquier sistema es esa gente que obtiene ingresos medios, que gasta su dinero en el propio país y no en el extranjero, que hace que sus hijos estudien en las instituciones educativas locales y que piensa permanecer en Honduras. Acabar con la llamada clase media, puede equivaler al asesinato de la mítica gallina de los huevos de oro.
Un Estado al servicio del pueblo, hay que tenerlo bien claro, es un Estado que es capaz de atender a los que más tienen, y facilitar que sean solidarios; a los que no padecen grandes necesidades, pero que no son ningunos potentados, y, por supuesto, a aquellos que parecen no haber sido tomados en cuenta y que claman por una existencia digna y una posibilidades reales de ascender en la escala económica y social.
