La orden presidencial de expropiar seis desarrollos habitacionales y “ocupar temporalmente” ocho urbanismos más sólo complicará aún más el panorama de inversiones del sector privado, consideró Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
Para Martini, los problemas del sector construcción -que implican un inmenso déficit de casi dos millones de viviendas- no se resolverán con medidas como la eliminación del ajuste de precios de inmuebles ajustado al IPC, pues “en una economía donde aumenta el costo del contrato colectivo (mano de obra), el costo del dólar para insumos importados y donde aumentan muchos renglones es imposible que el único precio que no aumente sea el de la vivienda”.
El pasado domingo, el presidente Hugo Chávez dijo que “vamos a expropiar los primeros seis desarrollos habitacionales, que están paralizados. Vamos a terminarlos, a readecuar los precios, y multaremos a estas empresas y entregaremos (los apartamentos) a las familias que ya pagaron”.
El Presidente ordenó “imponer multas de 5,000 unidades tributarias por afectado por cada empresa.
A lo mejor tendrán que darnos hasta las máquinas” como forma de pago por las sanciones ordenadas. Mencionó que algunas constructoras continúan cobrando el ajuste por IPC de los inmuebles, situación que es investigada por el Indepabis.
Demanda bajará
El presidente de la Cámara Inmobiliaria explica que una afectación de este tipo sólo disminuye aún más la oferta de viviendas y desacelera el proceso productivo, “amén de que el objetivo de dar viviendas no se cumpliría porque sabemos que estas intervenciones generan más caos”.
Aunque no se especificó claramente, la orden del Presidente atendería a lo contemplado en la Ley de Contrataciones Públicas, que establece la aplicación de medidas preventivas contra empresas que no cumplan con la ejecución de obras públicas contratadas.
Entre las medidas se incluye la requisición de equipos o materiales de las obras. Esta normativa sólo rige para obras del Estado.
El mismo domingo, el presidente Chávez dijo que quiere construir edificios en Caracas y para ello le ordenó al vicepresidente Elías Jaua que “llamen a las constructoras privadas, pero les ponemos los patrones: el edificio será de tantos pisos, de tantos metros cuadrados, de esta calidad, y el precio es éste.
El que quiera, bienvenido; y el que no quiera, que no trabaje. Ahora, el que tenga máquinas y no quiera porque diga que es bravo lo expropiamos, le quitamos las máquinas y después se las pagamos porque necesitamos las máquinas para trabajar, ¿ves? Al que no quiera colaborar se le expropian las máquinas; es aplicación de la ley”.
A pesar de las amenazas del Gobierno, este año el sector privado será responsable de 70% de las 50,000 viviendas construidas en el país. En el primer semestre el Gobierno sólo construyó 5,000 unidades.
Sobre las multas mencionadas, Martini dijo que “son una manera de destruir al sector inmobiliario. Me quitas las viviendas y me multas por más de su valor”.
