Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos inició un nuevo esfuerzo para mantener vigente una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permite la deportación casi inmediata a México de los migrantes que ingresan a ese país de manera irregular.
Esta semana, 15 estados presentaron lo que se conoce como una moción para intervenir, lo que significa que quieren formar parte de los procedimientos legales en torno a la regla de salud pública conocida como Título 42.
Está previsto que la ley finalice el 21 de diciembre, lo que podría alterar las medidas fronterizas en momentos en que los republicanos se aprestan a asumir el control de la Cámara de Representantes con planes de hacer de la inmigración una piedra angular de su agenda.
Los 15 estados argumentaron que sufrirán un “daño irreparable por la terminación inminente del Título 42”.
En un comunicado, un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), organización que ha impulsado el fin del Título 42, cuestionó la motivación de los estados para tratar de mantener vigente la regla de salud pública.
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“El Título 42 no se trata del manejo general del asilo en la frontera, sino de la salud pública, y estos estados no pueden afirmar de manera plausible que su verdadero interés es la salud pública”, dijo Lee Gelernt.
Grupos defensores de migrantes sostienen que el Título 42 perjudica injustamente a personas que huyen de persecución y que la pandemia fue usada como pretexto por el gobierno de Trump para inhibir la inmigración.
El 15 de noviembre, el juez Emmet Sullivan dictaminó en Washington que la medida debe terminar de inmediato para las familias y los adultos solteros. La Administración de Joe Biden no ha utilizado la regla en el caso de niños que viajan solos.
