La Procuraduría General de Colombia anunció el lunes que 'sancionó disciplinariamente' a la senadora Piedad Córdoba y que la destituyó por 18 años 'por promover y colaborar' con la guerrilla de las Farc, y el abogado de la parlamentaria respondió de inmediato que impugnará la medida.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, en un comunicado de prensa en la página de internet de la entidad, sostuvo que 'sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley Farc', las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.
Apenas se enteró de la decisión, el abogado de Córdoba, Ciro Quiroz, explicó en la emisora local La FM que impugnará la medida.
Aclaró que 'esta decisión no tiene apelación, tiene (recurso de) reposición', es decir, que es el mismo procurador general quien deberá revisar su propia determinación del lunes.
El congresista Iván Cepeda, amigo personal de Córdoba, dijo telefónicamente que 'es una decisión injusta. El procurador general ha mostrado hostilidad públicamente a las labores que desempeña la senadora Piedad Cordoba'.
En Colombia las investigaciones disciplinarias las adelanta la Procuraduría, que tiene la potestad incluso de sancionar e inhabilitar a los funcionarios públicos. Las indagaciones penales las conoce normalmente la Fiscalía, pero en el caso de Córdoba su juez natural, por ser congresista, es la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Según el,procurador Ordóñez, 'la investigación (contra Córdoba) tuvo origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix, donde fue abatido (el jefe guerrillero) alias Raúl Reyes', en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.
Agregó que en esos correos electrónicos 'se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', 'la Negra' y 'la Negrita', la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario' o la liberación de secuestrados.
Añadió que la decisión se tomó con base 'en las salidas de emigración de la señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque (de las Farc) 'Libardo García' de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el comandante del frente 30, alias 'Mincho' '.
La Procuraduría o Ministerio Público 'estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos'.
En concepto de Ordóñez, 'se constató que Córdoba instruyó y solicitó a las Farc que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Asimismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo'.
