Organizaciones civiles, políticas y de prensa acusaron ayer a la Policía de “doblegarse” a los intereses del presidente Daniel Ortega por no ofrecer garantías de seguridad a la marcha opositora del sábado, frente a los planes intimidatorios de grupos sandinistas.
Las acusaciones apuntan a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, una popular ex guerrillera que asumió el cargo en el 2006 con el deseo de mejorar la institución, y a quien la oposición considera que ha sido sometida por Ortega, después de asumir la presidencia en 2007.
Algunos promotores de la marcha pusieron en duda las promesas de protección policial debido a las violentas agresiones que han sufrido frente a la mirada de agentes antimotines, en protestas anteriores.
La jefe policial está en “una encrucijada política”, tratando de “mantener la paz y proteger a la ciudadanía” en medio de fuertes presiones, admitió el vicepresidente de la República, Jaime Morales. “Hay mucha agua revuelta en este asunto”, agregó, en alusión a los intereses políticos que condicionan a la institución policial. Las suspicacias surgieron luego de que la Policía no solamente autorizó a los sandinistas manifestarse el mismo día y en las mismas avenidas del sureste de la capital en que lo hará la oposición, sino que solicitó a los opositores cambiar la ruta hacia calles adyacentes para evitar enfrentamientos.
Parece que Ortega dio “órdenes directas a la jefatura de la Policía para que no otorgue el permiso a la sociedad civil en la ruta solicitada”, denunció el dirigente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona. “Nos quieren meter en una calle bien chiquita donde cualquiera desde una casa nos pega un balazo o una bomba y no hay manera de que nos protejan o encuentren al culpable”, dijo.
