Los opositores nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, expulsados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, pidieron “más presión” sobre el mandatario Daniel Ortega y “un camino acelerado para el asilo”, en una audiencia el miércoles en el Congreso.
“Ortega es una reliquia de la Guerra Fría y encarna un legado de opresión contra la dignidad humana”, dijo Maradiaga, retomando una frase que pronunció en el hemiciclo en Washington en 2019.
Tras ser arrestado en junio de 2021, Maradiaga pasó 611 días “bajo condiciones de prisión extremas e inhumanas” en Nicaragua, de donde fue expulsado junto a otros 221 presos políticos a principios de febrero.
En los años transcurridos desde 2019 “el régimen de Ortega solo se ha vuelto más despiadado”, estimó.
“Es hora de pasar a una nueva etapa de mayor presión”, con “todas las herramientas de la diplomacia, incluido el cierre de canales directos de financiamiento a la dictadura”, abogó el excandidato presidencial.
Junto a él se hallaba otro excandidato presidencial: Juan Sebastián Chamorro, que también prestó testimonio ante los subcomités de Salud Global, Derechos Humanos Globales, Organizaciones Internacionales y Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.
“Fui secuestrado por la policía en mi casa” el 8 de junio de 2021 frente a mi esposa y mi hija, comenzó diciendo Chamorro, que forma parte del grupo de expulsados a Estados Unidos.
“Necesitamos que la comunidad internacional nos ayude a los nicaragüenses en nuestra lucha por la democracia y la libertad”, afirmó Chamorro a los congresistas, advirtiendo que Ortega “no conoce límites”. “Es crucial mantener la presión contra los responsables de crímenes, muertes y abusos”, insistió.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional, sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea.
- “Resistencia pacífica” -
En los últimos meses varios países latinoamericanos, en particular Colombia y Chile, han endurecido sus críticas al gobierno nicaragüense, codirigido por la esposa de Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo.
“La nueva fase de la represión orteguista se ha centrado en la persecución a la Iglesia católica”, aseguró Maradiaga, quien al igual que Chamorro alabó al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión tras haberse negado a irse a Estados Unidos.
“Un acto tan valiente de resistencia pacífica no puede ser ignorado por el mundo”, pidió Maradiaga, y aseguró de que el obispo rechazó exiliarse “porque 37 presos políticos permanecían encerrados”. “Hay que aplicar -dijo- todas las medidas diplomáticas disponibles” para la “liberación inmediata e incondicional” de todos los presos.
En opinión de Chamorro, Ortega silenció la voz de la iglesia “para imponer su propia voz de odio y violencia”.
Ambos opositores estiman que Ortega odia a este prelado por el papel que desempeñó durante las protestas de 2018 a favor de la libertad.
En la audiencia también participó la activista Bianca Jagger, quien exhortó a los congresistas a pedir “una prueba de vida” del obispo porque las autoridades no han permitido la visita de familiares.
Para los expresos políticos que se subieron al avión, “patriotas nicaragüenses que nunca pensaron en vivir fuera de nuestro querido país”, Maradiaga pidió “un camino acelerado para el asilo político”.
- “Como rehenes” -
Y un amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga permiso de residencia y trabajo, para las miles de personas que se vieron obligadas a exiliarse.
Chamorro por su parte rogó a los congresistas que intercedan para reunificar a las familias, porque los parientes de los expresos liberados “están siendo utilizados por el dictador como rehenes”.
Los participantes en la audiencia propusieron varias medidas para apretar las clavijas al gobierno de Ortega: reformar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA), evitar que el país obtenga préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que le ha aprobado 3.500 millones de dólares en financiamiento, y sancionar al ejército como institución.
